Por Hector Acosta 
Por tercera vez en el año, vecinos y vecinas salieron a la calle para exigir seguridad y respuestas institucionales. Esta vez, el epicentro fue el Juzgado Multifuero, blanco directo del enojo popular. La bronca es acumulativa y ya no distingue niveles de gobierno: la paciencia comunitaria está al límite.
En Santa Rosa del Conlara la bronca se volvió rutina. La protesta del pasado fin de semana fue una más, sí, pero también una más grave. No solo por el volumen de vehículos, bocinazos y carteles, sino por lo que representa: un reclamo colectivo que ya no clama, sino que grita. Que ya no pide diálogo, sino decisiones.
El recorrido de la caravana no fue caprichoso: comenzó en las calles céntricas, atravesó espacios simbólicos de la vida social y terminó donde ahora apuntan los dardos del malestar: el Juzgado Multifuero. Allí, pancartas improvisadas pero contundentes exigieron lo que parece obvio: justicia, prevención, respuestas. Pero ese “obvio” se volvió esquivo, lejano, casi utópico para quienes viven con miedo cotidiano.
La ausencia de las autoridades locales, mencionada por los manifestantes como provocación más que como descuido, reavivó una sensación creciente: la soledad ciudadana frente al delito. No es solo inseguridad lo que se denuncia; es una cadena de omisiones, silencios institucionales y burocracia judicial que transforman el problema en caldo de cultivo para el descreimiento democrático.
Esta fue la tercera protesta del año. Las anteriores, frente a la plaza y la comisaría, también expresaban malestar, pero tenían otro tono: más esperanzado, menos incendiario. Lo que ocurrió este lunes fue distinto. Más crudo. Más organizado. Más dirigido. Y, por ende, más incómodo para el poder.
Las consignas de las pancartas fueron claras: “No queremos vivir encerrados”, “La justicia duerme y los ladrones avanzan”, “¿Dónde está el Estado?”. No son frases al azar, son síntesis del hartazgo. Y cuando el hartazgo toma forma colectiva, deja de ser solo un problema vecinal y se convierte en un fenómeno político.
La pregunta es si alguien en el gobierno provincial —o en el entramado judicial— tomará nota del mensaje. Porque no hay fuerza de seguridad que alcance si la desconfianza ciudadana se transforma en narrativa dominante. Y lo que se expresó en Santa Rosa es, justamente, una narrativa en construcción: la de un pueblo que siente que el sistema lo dejó solo.