Por Hector Acosta 
El diputado nacional arremetió contra el gobernador por despidos, tarifazos, persecución política y manejo irregular de fondos públicos.
Ernesto “Pipi” Alí rompió el silencio con una intervención tan filosa como urgente en la Cámara de Diputados de la Nación. La cuestión de privilegio que planteó apuntó directo al corazón del relato que Claudio Poggi intenta sostener desde su asunción como gobernador el 10 de diciembre de 2023: “La provincia está fundida”.
Spoiler: no lo estaba.
El diputado expuso punto por punto las acciones del Ejecutivo puntano que, lejos de una administración en emergencia, revelan un uso discrecional del poder, decisiones económicas cuestionables y una política de ajuste feroz.
Empezamos por el principio: Poggi dijo que no había plata para sueldos. Entonces firmó el DNU 150, una medida sin respaldo legislativo provincial. Desdobló sueldos. Intentó tomar un crédito de 150 millones de dólares. Dio de baja el “Tratado de La Toma”, que fortalecía la coparticipación de los municipios.
Hasta ahí, ajuste. Pero lo más grave vino después: según las cuentas de inversión aprobadas recientemente, la provincia tenía, al 10 de diciembre, un saldo suficiente para pagar tres meses completos de sueldos sin recibir un solo peso más.
Y, pese a eso, en apenas 20 días de gestión, el gobernador realizó 19 plazos fijos. “Puso en la timba financiera la comida de los trabajadores”, sentenció Alí.
Lo denunció penalmente por los artículos 260 y 264 del Código Penal, por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
Como respuesta, llegaron los ataques personales. “Ya no me preocupa, tengo el cuero duro”, dijo. “No les tengo miedo y los voy a seguir denunciando”.
Pero la denuncia no quedó ahí.
Alí reveló otro papelón institucional: el escándalo del tarifazo al agua. En octubre de 2024, la Legislatura aprobó la ley impositiva 2025. Los aumentos fueron absurdos: un productor pasó de pagar $8.000 a $380.000 por hectárea en concepto de consumo de agua.
Fue tal el escándalo que, en diciembre, Poggi firmó el decreto 1399 que dejaba sin efecto la ley. Pero solo por seis meses. El problema es que en San Luis Agua ni se enteraron y siguieron cobrando la tarifa aumentada.
¿Defienden la producción? El aumento al agua fue el tarifazo más grande en la historia provincial.
La motosierra llegó con nombre y apellido: Cacace
Alí no dudó en señalar a Alejandro Cacace, ex diputado nacional, como el enviado directo del gobierno de Milei para aplicar el ajuste en San Luis. “Dijeron que acá faltaba motosierra y mandaron a uno”, ironizó.
Cacace, ahora funcionario de peso en la estructura libertaria, desembarcó en la provincia con la venia de Poggi para ejecutar el plan de despidos masivos. Más de 400 trabajadores de la administración pública quedaron en la mira.
“San Luis no necesita motosierra, necesita gestión”, lanzó Alí. Y acusó al tándem Poggi-Cacace de llevar adelante la peor persecución política desde el retorno a la democracia.
“Poggi, dejá de perseguir y ponete a laburar por San Luis”, disparó el diputado.
Para cerrar, Alí apeló a algo que en la provincia siempre fue más fuerte que cualquier bandera partidaria: la puntanidad.
“Primero San Luis, segundo San Luis y tercero San Luis. ¡Viva San Luis!”, gritó, y dejó claro que no va a callarse.
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