Por Natalia Ciliento 
La condena a una ex funcionaria reabre un esquema más profundo: transferencias millonarias, decisiones dirigidas y una declaración que podría cambiar el rumbo judicial en la provincia. Cuando el poder habla de más, la Justicia empieza a escuchar distinto.
CUANDO EL PODER SE DESLIZA Y LA JUSTICIA TOMA NOTA
La reciente condena a Cintia Ramírez no es un episodio aislado dentro del tablero judicial puntano. Es, en rigor, la confirmación de un patrón. La segunda condena contra un alto funcionario del gobierno de Alberto Rodríguez Saá marca un punto de inflexión. Pero lo verdaderamente relevante no está en la pena —un año y seis meses en suspenso— sino en lo que empieza a emerger del expediente: la posible trazabilidad del poder en una estructura que ya no puede explicarse como desvíos individuales.
Porque si algo empieza a desmoronarse, no es solo una gestión pasada, sino la lógica que la sostuvo.
UN MECANISMO QUE DEJÓ DE SER EXCEPCIÓN
El fallo fue categórico. Ramírez fue condenada por negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionaria pública. Pero más allá de la tipificación penal, lo que describe la sentencia es un sistema.
Una funcionaria con triple rol —secretaria de Deportes, presidenta del Ente y del San Luis Fútbol Club— que habilitó 188 transferencias por $166 millones hacia su propia institución. No se trata de un error administrativo ni de una zona gris. Se trata de una operatoria repetida, sostenida y funcional.
El fiscal lo sintetizó sin rodeos: “institucionalización de la corrupción”.
Y ahí está el punto incómodo. Cuando la corrupción deja de ser una anomalía y pasa a ser una herramienta de gestión, el problema deja de ser individual. Se vuelve estructural.
LA FRASE QUE CAMBIÓ TODO
Pero el verdadero quiebre no estuvo en la condena, sino en una declaración.
El capítulo del colectivo parecía encaminarse a una absolución por falta de pruebas concluyentes sobre la autoría. La Justicia habló de “beneficio de la duda”. Sin embargo, esa duda no era sobre el hecho, sino sobre quién había tomado la decisión.
Hasta que apareció la voz que faltaba.
“Estoy al tanto de lo del colectivo y soy absolutamente responsable. Di la orden de compra. Con el monto que fuera.”
La frase, pronunciada por Alberto Rodríguez Saá, no fue leída como un gesto político. Fue interpretada por la Fiscalía como lo que en términos judiciales puede pesar más que cualquier documento: una autoincriminación.
Porque no es menor lo que se reconoce. La orden de gastar $290 millones —con un sobreprecio estimado en $175 millones— en un vehículo que los peritos describieron como “un cascajo”.
A partir de ahí, el escenario cambió. El ex gobernador y su ex secretario General, Miguel Berardo, quedaron formalmente expuestos en una denuncia por fraude a la administración pública.
Y en política, como en la Justicia, hay frases que no se pueden desdecir.
EL FIN DE LA IMPUNIDAD SELECTIVA
Lo que empieza a tomar forma no es un caso aislado, sino una matriz.
Ramírez y Berardo ya enfrentan otra causa por contratos firmados por $87 millones en los días previos al recambio de gestión. Un clásico argentino: la urgencia por ejecutar antes de dejar el poder. Esa causa, sin embargo, sigue paralizada.
Mientras tanto, la escena se repite: ex funcionarios condenados, otros bajo investigación, y una cúpula que durante años pareció moverse con una inmunidad tácita.
Pero algo cambió.
La Justicia, lenta pero persistente, empezó a correr el eje. Ya no se trata solo de quienes ejecutaron las decisiones, sino de quienes las ordenaron.
CUANDO LA RESPONSABILIDAD SUBE DE ESCALÓN
La condena a Ramírez cumple una función inicial: demostrar que el sistema judicial puede perforar los niveles medios del poder. Pero el verdadero test no está ahí.
La pregunta es si ese mismo impulso llegará a la cima.
Porque si las declaraciones de Alberto Rodríguez Saá se sostienen como prueba de cargo, el caso deja de ser un expediente más y se convierte en un precedente político e institucional.
Uno que redefine responsabilidades.
Uno que rompe una tradición: la de los jefes que ordenan y nunca responden.
La sociedad puntana —que pagó el costo de $166 millones en transferencias y un sobreprecio de $175 millones— no está mirando una causa más. Está observando si, por primera vez, el poder se hace cargo de sí mismo.
Porque al final, la corrupción no funciona por iniciativa propia. Funciona porque alguien la habilita.
Y cuando ese alguien habla de más, la Justicia ya no puede mirar para otro lado.