Por Natalia Ciliento 
La adhesión de San Luis al sistema SIRCUPA reabre el debate sobre Ingresos Brutos en un contexto nacional de tensión fiscal. Comerciantes, políticos y economistas se preguntan si el afán recaudatorio provincial ayuda a sostener las arcas o hunde aún más la competitividad. Mientras tanto, los gobernadores piden una rediscusión federal que el Gobierno nacional sigue desoyendo.
En las últimas semanas, San Luis decidió adherir al sistema SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago), una herramienta que permite a las provincias recaudar de forma automática parte del impuesto a los Ingresos Brutos mediante retenciones en cuentas de pago de los contribuyentes. Aunque se presenta como un pago a cuenta, para muchos sanluiseños significa un nuevo golpe al bolsillo.
En el comercio local, las posturas son variadas pero coinciden en el malestar: hay quienes lo ven como un saldo a favor que nunca se puede recuperar, y otros que simplemente lo trasladan al cliente. Incluso los pequeños contribuyentes registrados, sin importar sus ingresos, sienten que las nuevas tecnologías fiscales son simplemente otra forma de retención sin retorno.
Pero el impacto político va más allá del malestar cotidiano. Desde la oposición en San Luis denuncian que la medida se contradice con el discurso nacional de eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos. En efecto, el presidente Javier Milei ha calificado este impuesto como el “peor de todos” y ha prometido en campaña su eliminación. Sin embargo, a medio año de gestión, no se ha avanzado en esa dirección, y la presión a las provincias se ha concentrado más en la reducción de gastos y la eliminación de la obra pública.
Como ya expusimos en la edición anterior de Al Filo, la caída de la coparticipación ha puesto en jaque las finanzas provinciales. En promedio, las provincias han visto una merma del 25% en estos fondos, que hasta hace poco representaban la principal fuente de financiamiento local. Según el Ministerio de Economía, en 2024 la recaudación nacional cayó un 4% en términos reales respecto a 2023, pero la coparticipación cayó aún más: un 8%.
Esto se debe a que no todos los impuestos nacionales se coparticipan, y justamente los que más perdieron frente a la inflación son los que sí se distribuyen automáticamente a las provincias. De ahí la lógica —y hasta saludable— iniciativa de los gobernadores que, reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), propusieron rediscutir el acuerdo fiscal. La respuesta del gobierno nacional fue, en el mejor de los casos, el silencio.
Entre las propuestas que se ponen sobre la mesa está la eliminación total del impuesto a los Ingresos Brutos y su reemplazo por un “Super IVA”, un sistema que permitiría que cada provincia financie sus gastos con lo que produce territorialmente, sumando una sobrealícuota si lo requiere. Este esquema, inspirado en las ideas libertarias de competencia fiscal entre provincias, también contempla un fondo de nivelación para las jurisdicciones más rezagadas, distinto a la coparticipación actual.
Paradójicamente, mientras desde el gobierno nacional se pide a las provincias que reduzcan Ingresos Brutos por ser un obstáculo a la competitividad, se les sigue negando una reforma federal estructural que garantice ingresos genuinos. Los regímenes de recaudación anticipada como el SIRCREB (que actúa sobre cuentas bancarias) y ahora el SIRCUPA (en cuentas de pago virtuales) representan cerca del 60% de lo recaudado por Ingresos Brutos. El peso de este sistema es tal que, según datos oficiales, representa el 26% de los ingresos totales provinciales, y para las grandes jurisdicciones (como Buenos Aires o Córdoba) supera el 34%.
En ese contexto, es difícil imaginar que las provincias renuncien por completo a esta herramienta. Pero también es cierto que el costo de mantener este esquema se paga con menor competitividad, burocracia asfixiante y un entramado de saldos a favor que ni las auditorías más avanzadas logran destrabar. Lo que en la teoría es un crédito fiscal, en la práctica es un costo oculto.
Las críticas al sistema son transversales, pero las respuestas del oficialismo nacional son unilaterales. Como dirían Milei y Caputo: “Las cosas se hacen como yo digo o no se hacen”. Así, mientras el Presidente habla de desregulación, las provincias refuerzan sus sistemas de control y retención. Y en el medio, el ciudadano común —contribuyente, consumidor, comerciante o emprendedor— sigue siendo la variable de ajuste.
La pregunta de fondo sigue siendo incómoda pero necesaria: ¿vale más el equilibrio fiscal que un verdadero despegue económico? ¿O acaso no es hora de discutir de verdad el federalismo fiscal y abandonar parches como el SIRCUPA?