Por Natalia Ciliento 
La concejala justicialista denunció falta de información y uso discrecional de sesiones extraordinarias, pero el debate también expuso una lectura selectiva del reglamento interno.
La última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de La Punta dejó más que expedientes sin tratar. Dejó al descubierto una tensión institucional profunda, con la concejala Rocío Roldán, representante del justicialismo, como una de las voces más firmes del frente opositor, cuestionando procedimientos, falta de información y lo que considera un incumplimiento del reglamento interno.
Roldán fue clara al plantear que el reglamento no establece un procedimiento distinto para las sesiones extraordinarias. Según expresó durante la sesión, en ninguna parte del texto normativo se indica que estos encuentros legislativos deban tratarse “de otra manera”. Por el contrario, remarcó que se leyeron y recalcaron varios artículos, se realizó una moción correctamente formulada y apoyada, y aun así no se respetó lo que marca la norma.
Desde su mirada, el problema central fue la falta de información. En temas sensibles como la ordenanza tarifaria y otros procedimientos vinculados a establecimientos educativos, la concejala sostuvo que nunca se brindó documentación suficiente que permitiera respaldar los números presentados por el oficialismo. “Nunca excedieron esa información como para decir si los cuadros o los papeles que presentan son correctos o no”, fue el planteo político de fondo.
El eje del reclamo se profundiza cuando los expedientes no ingresan por sesiones ordinarias. Allí, Roldán señaló un punto clave: al no pasar por comisión, los concejales quedan imposibilitados de trabajar los proyectos como corresponde. No hay análisis, no hay pedidos formales de información, no hay margen para corregir o mejorar. El resultado es un debate recortado, forzado y con final anunciado.
Para la concejala justicialista, la gravedad aumenta cuando los expedientes llegan sin absolutamente nada en el cuerpo del trámite, sin justificación de urgencia y sin explicación de por qué deben tratarse “ahora” y no siguiendo el procedimiento normal que establece la norma. Eludir la comisión, sostuvo, es eludir el debate.
El capítulo de los balances municipales refuerza esa denuncia. Roldán recordó que desde su bloque siempre se emitieron despachos negativos, no por una postura política cerrada, sino por la ausencia de documentación respaldatoria. “Son solo números”, explicó, sin información que permita verificar si los fondos se derivan correctamente. Incluso, señaló que se realizaron observaciones formales que nunca fueron contestadas.
Sin embargo, en este punto es donde el conflicto institucional merece una mirada editorial más amplia. Porque si el reclamo opositor se apoya en el artículo 50 del reglamento —que establece que en las sesiones extraordinarias se tratan los temas incluidos en el orden del día—, también es cierto que dicho artículo no prohíbe el tratamiento sobre tablas.
Más aún: el propio reglamento, en su Capítulo VII, artículo 58, establece con claridad que ningún asunto puede tratarse sobre tablas si no es por mayoría de votos de los presentes. Es decir, el mecanismo existe, está previsto y es legal, siempre que se reúna la voluntad mayoritaria del cuerpo.
Por eso, si el discurso político es “trabajar a reglamento”, el reglamento debe leerse completo. No por partes. No según conveniencia coyuntural. No solo los artículos que refuerzan una posición política determinada.
El debate que se dio en el recinto fue válido, necesario y legítimo. La falta de información es un problema real. La opacidad en balances también. Pero la institucionalidad se defiende con coherencia normativa, no con lecturas selectivas.
Porque los concejales legislan para el bien común.
No para el recorte en redes.
No para el titular rápido.
Y mucho menos para la tribuna digital.