Por Hector Acosta 
Con la excusa de garantizar la difusión de ideas, el Gobierno provincial distribuyó más de 33 millones de pesos entre los partidos que compitieron en las elecciones de mayo. El ranking de la generosidad estatal revela algo más que números: expone el mapa real del poder, las alianzas camufladas y los márgenes de tolerancia del sistema con sus opositores “controlados”.
Hubo una vez una democracia que creía que las ideas competían solas, que los debates se daban en la plaza pública, y que la política no se financiaba como un festival. Eso fue antes del decreto 4790-MG-2025. Porque este miércoles 4 de junio, el Gobierno de San Luis decidió recordarnos que la pluralidad también tiene precio —y no es barato.
El Boletín Oficial publicó, como quien anuncia las ofertas de la semana, el reparto de fondos públicos destinados a los partidos que participaron en los comicios del 11 de mayo. En total, se asignaron $33.225.059,40, supuestamente para pagar campañas, avisos y mensajes políticos en medios no oficiales. Porque claro, si la propaganda estatal ocupa el prime time gratis, lo justo es que los demás al menos tengan un vuelto.
El ranking no deja dudas. Al frente de la fila están Ahora San Luis y el Frente Justicialista, cada uno con más de 5,2 millones de pesos. Les siguen el Partido Tercera Posición (algo así como la tercera vía sin Google Maps) con $4,5 millones, y MOVIPRO, el vehículo electoral del progresismo adaptado, con más de $4,1 millones. Todo prolijamente distribuido, como un casting para el reparto de roles en una serie que ya está escrita.
Detrás, bajando escalones en la escalera de la relevancia oficial, aparecen el Frente por la Justicia Social, La Libertad Avanza, Primero San Luis y hasta el críptico PRO.CLA.ME (¿proclamar qué? nadie sabe, pero recibieron casi 2 millones). Al fondo del pasillo ideológico, en el rincón de la austeridad forzada, encontramos al Movimiento Renovación Chacabuco con $91.631,80. Lo justo para imprimir algunos folletos en blanco y negro o comprar tres segundos en una AM de trasnoche.
¿Sorprende el reparto? No tanto. Porque si bien la ley dice que se asignan en función de los votos obtenidos, todos sabemos que el sistema está pensado para premiar a los que ya están cerca del poder. Es una forma elegante de decir: “Que compitan todos, pero algunos con megáfono y otros con palitos de helado”.
Además, el decreto deja un dato interesante: los medios no oficiales serán los beneficiarios indirectos. Es decir, radios, portales, diarios y canales que no pertenezcan al ecosistema estatal. En teoría, un impulso a la prensa libre. En la práctica, una forma de lubricar relaciones con actores que —con la pauta justa— pueden volverse sorprendentemente moderados.
Y no es menor el detalle: en una provincia donde los medios públicos repiten partes de prensa como si fueran doctrina, esta plata es la única oportunidad para que ciertos nombres aparezcan en una gráfica que no diga “información oficial”. Pero claro, no todos llegan al reparto con la misma capacidad de negociación ni con la misma tolerancia del poder a ser criticado.
Otro aspecto llamativo es que, más allá de la ideología, casi todos los que reciben fuerte financiamiento tienen algo en común: no son una amenaza real al sistema. Algunos incluso juegan dentro de él, con otros colores pero con la misma partitura. Es decir, partidos que “compiten” para garantizar que el decorado siga siendo plural aunque el guión siga siendo el mismo.
El caso de la izquierda (FIT, MAS, SUMO) y de movimientos marginales como Renovación Chacabuco es paradigmático: reciben migajas simbólicas. No porque tengan menos derecho, sino porque no tienen padrinos. La democracia que financia ideas también clasifica cuáles merecen micrófono y cuáles no.
Y entonces, una vez más, la política se reduce a eso: un show donde el Estado es productor, director y, por si acaso, también el encargado de distribuir las entradas. El dinero público no garantiza igualdad de condiciones, pero sí permite que todos digan que jugaron. Aunque algunos lo hagan con pelota desinflada.
En tiempos donde la bronca con “la casta” crece, este tipo de mecanismos no hacen más que confirmar sospechas: que la política se autofinancia con dinero ajeno, que la oposición es tolerable mientras no moleste, y que los verdaderos límites del sistema se dibujan en Excel, no en las urnas.
Por lo pronto, los partidos ya cobraron. Las ideas, si aparecen, lo harán por cuenta propia.