Por Hector Acosta 
El gobernador derogó la ley que desarticulaba el sistema federal de narcotráfico. “Fue ineficaz y contraproducente”, argumentan desde el Ejecutivo.
El gobernador Claudio Poggi firmó este lunes en Casa de Gobierno el proyecto que deroga la Ley de Desfederalización parcial de la Competencia Penal en materia de Estupefacientes, también conocida como Ley de Narcomenudeo. Esta norma habilitaba que los delitos menores vinculados a drogas fueran tratados por la justicia provincial. Sin embargo, esa descentralización judicial nunca se aplicó de manera efectiva.
La ley había sido suspendida por un año desde el 30 de julio de 2024. Con la fecha de vencimiento aproximándose, Poggi decidió cortar de raíz. No habrá prórrogas, ni excusas: se elimina por completo.
Desde el Gobierno provincial afirmaron que la decisión se tomó “teniendo en cuenta los notables avances y la eficacia lograda en la lucha contra el narcotráfico”, producto del trabajo coordinado entre fuerzas federales y provinciales.
El proyecto ingresó por la Cámara de Senadores y está cargado de argumentos políticos e institucionales. Señala que mantener esta ley implicaría un retroceso peligroso: “Transferir estas competencias a instancias locales no solo debilitaría el esquema actual de combate al crimen organizado, sino que generaría un grave retroceso en los avances logrados”.
Justicia provincial vs. Justicia Federal
El corazón de la iniciativa está en la comparación entre dos sistemas judiciales. Por un lado, una Justicia Federal con décadas de experiencia, recursos técnicos y equipos especializados; por el otro, una Justicia provincial sin preparación suficiente para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico.
La desfederalización fue una idea promovida en varias provincias con la promesa de agilizar causas. En la práctica, casi nunca funcionó. En San Luis, ni siquiera se llegó a implementar seriamente. Para el gobierno de Poggi, insistir en esa vía sería “poner en riesgo la seguridad de la provincia”.
La iniciativa plantea que es imperioso preservar el marco institucional federal, donde el trabajo articulado entre fuerzas nacionales y provinciales ha dado resultados concretos.
La derogación también tiene un claro mensaje político. Poggi refuerza su imagen de gestor pragmático, dispuesto a eliminar lo que no funciona. Y a la vez, marca una diferencia con gestiones anteriores, que impulsaron o toleraron la ley sin ejecutarla.
En un contexto nacional donde se discuten competencias, jurisdicciones y el rol de las provincias frente al crimen organizado, San Luis elige alinearse con el poder judicial federal. Es una postura clara: no a la fragmentación, sí a la coordinación.
Además, esta decisión puede leerse como un mensaje hacia Nación: la provincia no quiere improvisaciones en seguridad. Y menos aún, enfrentarse sola a una red que trasciende fronteras.
Decisión política con efecto directo en la calle
La derogación de la Ley de Narcomenudeo en San Luis no es un trámite legislativo más. Es una definición estratégica. De fondo, lo que se juega es quién tiene el poder y la responsabilidad real para enfrentar el narcotráfico.
Poggi apuesta fuerte: sin recursos, sin estructura y sin experiencia, la justicia provincial no puede hacerse cargo de una batalla tan delicada. Y decide confiar en los que ya están entrenados para hacerlo.