Por Natalia Ciliento 
El gobierno local asumió el control de la planta por «pérdidas insostenibles». La cooperativa acusa desfinanciamiento y maniobras para expulsarlos del predio.
En medio de un creciente conflicto ambiental y social, la Municipalidad de Villa de Merlo informó este jueves 17 de julio que asume el control directo de la Planta de Reciclado Municipal, tras declarar «insostenibles» las condiciones de gestión de la cooperativa que la administraba. El anuncio, lejos de cerrar una etapa, abrió una nueva disputa pública con la Cooperativa Recuperadores Merlinos Unidos Ltda., que denuncia una maniobra política para encubrir la falta de inversiones y el vaciamiento de la planta.
La situación impacta directamente en decenas de familias que trabajan en el lugar y pone en tela de juicio el rumbo de las políticas ambientales del municipio. Mientras desde el Ejecutivo se habla de «reorganizar» el servicio para volverlo viable, desde la cooperativa aseguran que se los quiere «echar como perros».
La postura oficial: «ineficiencia, pérdidas y conflicto legal»
Según el comunicado difundido por la Municipalidad, el galpón alquilado donde opera la planta (propiedad de Ricardo Labat) se ha convertido en una carga financiera crítica. “Pese a que se cubrieron todos los costos operativos—alquiler, energía y salarios—, la gestión deficiente de la cooperativa generó pérdidas que comprometen recursos públicos”, expresa el texto oficial.
El gobierno local también argumenta que el inmueble está bajo un proceso de desalojo iniciado por el propietario, quien además mantiene un conflicto penal con el presidente de la cooperativa. Esto, según afirman, impide que la planta continúe operando bajo condiciones legales y funcionales mínimas.
El municipio exige la devolución inmediata de las instalaciones y maquinarias, aunque permite a la cooperativa retirar sus bienes sin obstáculos. Y asegura que continuará prestando el servicio bajo una gestión directa, «eficiente y transparente».
La respuesta de la cooperativa: «Nos usaron y ahora nos quieren borrar»
Horas después, Gerardo Domínguez, presidente de la cooperativa, brindó una durísima conferencia de prensa. Apuntó directamente contra el intendente interino Leonardo Rodríguez, el exintendente Álvarez Pinto y el actual jefe de Gabinete y Hacienda, Bruno Mini. Los acusó de haber facturado obras y compras que nunca se concretaron.
“Se comieron la plata y ahora nos quieren echar como perros. Esto es una maniobra para tapar lo que no hicieron”, denunció Domínguez. Asegura que se facturaron 9 millones de pesos para arreglos que nunca se hicieron, que la planta funciona sin trifásica pese a que figura en papeles, y que nunca recibieron ni siquiera el combustible que figura como entregado.
“Nosotros sostenemos esto con nuestro trabajo. Compramos maquinaria, pagamos sueldos, balances, contadoras. Ellos nunca aparecieron. Y ahora quieren sacarnos porque les molesta que sigamos de pie”, disparó.
Además, reveló que el expediente de obra sigue abierto desde hace tres años por falta de rendición, y aseguró que el municipio no presenta pruebas concretas ni inició acciones judiciales contra la cooperativa. «Acá el delincuente no soy yo, es el intendente», concluyó.
Tensión política: «Esto es una ofensiva contra las organizaciones locales»
El conflicto sumó una tercera voz desde el arco político. La concejala electa del Partido Justicialista, Lucía Miranda, publicó un mensaje en sus redes sociales donde alertó sobre una «ofensiva sistemática» del municipio contra las cooperativas.
“Primero fue la Cooperativa de Agua, ahora la de recicladores. ¿Qué sigue? ¿La telefónica? Esto no es aislado, es una estrategia para desarticular estructuras colectivas que dan trabajo y servicios», denunció.
Miranda señaló que las cooperativas “no son empresas ni cáscaras vacías, son vecinos que construyen comunidad”. Y exigió explicaciones claras sobre por qué el Ejecutivo primero promueve estos proyectos y luego los desaloja sin proceso ni debate público.
¿Gestión deficiente o abandono estatal?
El caso deja una pregunta abierta: ¿el problema es la eficiencia de la cooperativa o la falta de apoyo institucional? Mientras el municipio habla de «reorganizar» un sistema ineficiente, los trabajadores y sus referentes denuncian una desfinanciación crónica, promesas incumplidas y uso político del discurso ambiental.
Las imágenes de recicladores resistiendo en el predio mientras estudiantes se sumaban al programa «Re Promos» muestran una contradicción insalvable: el mismo Estado que desaloja, hace semanas los aplaudía en conferencias.
La planta, por ahora, sigue ocupada por los trabajadores en asamblea permanente. La comunidad observa, y el conflicto está lejos de cerrarse.