Por Natalia Ciliento 
El Concejo Deliberante quedó envuelto en una crisis política tras la nota del concejal Fernando Orozco y su particular lectura del reglamento interno.
En La Punta, una sesión preparatoria que debía ser un trámite institucional terminó convertida en un nuevo papelón político. No por un vacío legal real, sino por algo más preocupante: la libre interpretación de un reglamento que todos los concejales reciben al inicio de su mandato.
El protagonista vuelve a ser el concejal Fernando Orozco, quien presentó una nota formal comunicando su inasistencia a la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante. Hasta ahí, un derecho administrativo. El problema aparece cuando esa ausencia se intenta justificar con una interpretación forzada —y conveniente— de artículos reglamentarios que, lejos de impedir la sesión, buscan justamente garantizar su continuidad.
La nota enviada por Orozco sostiene dos argumentos centrales: que no se encontraba en la provincia y que la convocatoria “no se ajusta al Reglamento Interno”. Para sostener esta última afirmación, cita el Artículo 2 del reglamento, que establece el 5 de diciembre como fecha de la sesión preparatoria y fija su traslado al primer día hábil siguiente si coincide con sábado, domingo o feriado.
Lo curioso es que el propio texto reglamentario es claro: el espíritu de la norma es asegurar la realización de la sesión, no impedirla. Sin embargo, la lectura del concejal va en sentido inverso. Se toma el reglamento de manera fragmentada, aislando artículos y omitiendo otros puntos clave.
Las imágenes del Reglamento Interno del HCD de La Punta —Ordenanza N° 10-HCDCLP-2008— son contundentes. El mismo cuerpo normativo señala que la sesión preparatoria debe garantizar la constitución del Concejo y la asunción de los ediles electos.
El Artículo 6 establece el quórum reglamentario y prevé mecanismos ante ausencias, mientras que el Artículo 7 deja en claro que el propio Concejo es juez de la validez del acto una vez constituido. Nada, absolutamente nada, habilita a un concejal a bloquear el funcionamiento institucional por una ausencia personal.
Ahí aparece la contradicción. ¿Cómo puede alguien alegar respeto por el reglamento mientras ignora su finalidad básica? ¿Cómo se pasa por alto que el reglamento no es un escudo individual, sino una herramienta colectiva?
Acá conviene correr el debate del terreno jurídico al político. Porque esto no es una discusión académica sobre interpretación normativa. Esto es representación, trabajo y compromiso.
Un concejal no es un comentarista externo del sistema. Es parte del sistema. Cobra por ejercer una función pública. Y representa tanto al vecino que lo votó como al que no.
La política no admite dobles discursos. Si el compromiso personal —sea escolar, laboral o de descanso— estaba previsto desde principio de año, la pregunta es una sola: ¿por qué no se notificó con la antelación necesaria para evitar este bochorno institucional?
El reglamento se entrega el día que se asume. No apareció mágicamente esta semana. Conocerlo implica cumplirlo, no usarlo como excusa selectiva.
Como suele ocurrir, el episodio abrió grietas improvisadas. Algunos señalaron al oficialismo. Otros defendieron al concejal ausente. Algunos más, con aspiraciones políticas evidentes, aprovecharon el caos para golpear al sector que más les molesta, aun olvidando de qué lado estuvieron antes.
Ese ruido de fondo desvía la atención de lo central: el Concejo no funcionó como debía. La ciudad volvió a quedar expuesta. Y el descrédito institucional creció un poco más.
Más allá de reglamentos, artículos y notas formales, hay una verdad incómoda: ser concejal es un trabajo. No es un hobby ni una tribuna personal. Es una responsabilidad pública.
No se trata solo de estar sentado en una banca, sino de respetar a los colegas actuales y a los que estaban listos para asumir. Y, sobre todo, respetar a los vecinos de La Punta, que esperan legisladores activos, presentes y comprometidos.
La pregunta queda abierta. ¿Este será el año en el que el Concejo de La Punta trabaje en serio? ¿O seguiremos viendo más pan y circo, más reglamentos usados como arma política y menos soluciones reales?
Por ahora, lo único claro es que el HCD volvió a quedar en el centro de un escándalo evitable. Y la ciudadanía toma nota.