Por Natalia Ciliento 
En mayo, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias registraron una caída real del 26,3%. San Luis figura entre las más afectadas, con una merma del 25%. Mientras tanto, los gobernadores exploran alternativas frente a un escenario de recaudación estancada y obras paralizadas.
La crisis de ingresos que atraviesan las provincias se profundiza mes a mes, con una coparticipación federal que sigue en caída libre. En mayo de 2025, el Gobierno Nacional transfirió al conjunto de provincias y CABA un total de $5,567 millones, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Ajustado por inflación, ese monto representa una baja del 23,3% en términos reales. Pero si se desagregan exclusivamente las transferencias automáticas (coparticipación pura), la caída llega al 26,3% interanual.
San Luis se encuentra entre las jurisdicciones más perjudicadas, con una pérdida del 25% solo en mayo. Así lo confirmó la directora de Recursos y Finanzas de la provincia, Eugenia Sosa Herrera, quien advirtió que esta merma genera un impacto directo sobre el presupuesto y obliga a una gestión austera y responsable por parte del Ejecutivo provincial.
“Las transferencias automáticas y la coparticipación federal que por nuestro sistema legal vigente percibe la Provincia, se han visto empobrecidas en lo transcurrido del año. Esta caída promedia el 8% respecto de los valores históricos, y si incluimos el año 2024, los ingresos cayeron un 25% en mayo”, señaló la funcionaria.
La situación se agrava por la baja en la recaudación nominal propia y nacional. La percepción del impuesto a las Ganancias, por ejemplo, cayó un 41% interanual, mientras que el IVA disminuyó un 1,1%. Esta dinámica no solo impacta en las finanzas provinciales, sino que también condiciona la previsibilidad del sistema fiscal federal.
Ante esta coyuntura, algunas provincias han comenzado a implementar estrategias de contención: priorización del gasto social, redireccionamiento de fondos hacia áreas críticas, suspensión o reprogramación de obras públicas, y renegociación de contratos. En lugar de aumentar la tensión política, muchas gestiones optaron por reforzar el diálogo institucional y trabajar en la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.
Sin embargo, en medio de la incertidumbre y la parálisis de los recursos nacionales para infraestructura, surge inevitablemente una pregunta política: ¿cómo actuaría un gobernador no alineado al oficialismo provincial ante este mismo escenario?
El interrogante no es menor. En un contexto de ajuste y escasez de recursos, la tentación de confrontar con Nación para obtener visibilidad o beneficios extra podría alterar el equilibrio institucional. Pero también podría generar un clima de mayor inestabilidad. En lugar de centrarse en soluciones concretas, se correría el riesgo de caer en una administración atravesada por la lógica de la grieta, donde el conflicto se impone sobre la gestión.
La experiencia demuestra que la construcción política basada en la crítica constante suele derivar en resultados de corto plazo y altos costos sociales. Gobernar en contextos adversos exige asumir responsabilidades y evitar discursos destructivos que no resuelven el problema de fondo: la caída sostenida de la recaudación y el freno económico que afecta directamente a las provincias.
