Por Hector Acosta 
Mientras los legisladores se cruzan en un recinto estéril y abandonan sus bancas sin votar, la justicia se rearma entre juramentos y decretos, y la educación pública sobrevive entre gestos simbólicos y promesas de asistencia. San Luis atraviesa una etapa donde los discursos parecen más veloces que las decisiones, y la brecha entre las instituciones y la gente crece a cada sesión, a cada acto, a cada silencio.
Hay algo que se rompió. O quizás algo que nunca terminó de consolidarse. Un pacto silencioso, un contrato implícito entre la ciudadanía y sus representantes, entre las instituciones y el pueblo. La promesa de que quienes gobiernan, legislan o imparten justicia, lo hacen con la responsabilidad y el compromiso que exige el momento. Pero basta observar el devenir político reciente de San Luis para notar que ese pacto está desgastado. Que lo urgente y lo necesario han sido desplazados por lo improvisado, lo retórico y lo oportunista.
En la Cámara de Diputados, una nueva sesión dejó en evidencia ese deterioro. Ni siquiera se logró avanzar con la conformación completa de las comisiones legislativas, y mientras tanto, temas de alto impacto social —como las retenciones impositivas sobre billeteras virtuales o las fallas estructurales del Programa de Alimentación Nutricional Escolar (PANE)— fueron tratados a medias, con discursos encendidos pero sin resultados. El colmo fue el retiro de la oposición, que decidió abandonar su lugar en el recinto, dejando la sesión sin quórum. Es decir: decidieron no trabajar, mientras cobran un sueldo que la mayoría de los ciudadanos apenas puede imaginar.
Que un legislador levante la voz, denuncie o señale irregularidades es parte de su tarea. Que no se quede a votar, no. Que el oficialismo defienda políticas sociales en contextos críticos también es entendible. Que se niegue a debatir en profundidad y cierre los micrófonos, no. La democracia representativa se sostiene sobre una base: el diálogo, aún en la disidencia. Y hoy, ni oficialismo ni oposición están a la altura del mandato popular que dicen honrar.
En paralelo, otro escenario institucional muestra otra cara de la misma moneda: la ceremonia de juramento de jueces, juezas y defensores designados recientemente en las circunscripciones judiciales. Allí, entre solemnidades y decretos, se reorganiza la estructura judicial que definirá buena parte del ordenamiento legal de la provincia. Pero, ¿cuánto de ese proceso responde a una transformación real del poder judicial, y cuánto a una reconfiguración de nombres dentro de una lógica de continuidad?
Las designaciones llegan tras concursos, sí, pero también bajo un manto de opacidad política. No se discuten públicamente los criterios de fondo, ni se transparentan las trayectorias, ni se somete al debate social la orientación de la justicia que se pretende construir. Porque el verdadero cambio no está en la foto del acto de juramento, sino en los fallos, en las garantías, en el acceso real de los sectores más vulnerables a un sistema judicial que hoy sigue siendo elitista y lejano.
Mientras tanto, en los márgenes, otro frente intenta sostenerse: la educación pública. El diputado provincial Javier Giménez recorrió escuelas del interior, entregó materiales y se comprometió a apoyar proyectos. Un gesto necesario, sí, pero que no puede quedarse en la foto de la entrega o en la promesa de una visita. Porque lo que reclaman docentes, directivos y comunidades educativas no es una pelota de vóley ni una bolsa de materiales: es presupuesto, es infraestructura, es formación, es planificación, es respeto.
Los ciudadanos de Quines, San Francisco, y cada rincón del norte provincial merecen algo más que un recorrido protocolar. Necesitan políticas sostenidas, verdaderas transformaciones educativas y un Estado que no aparezca solo en campaña o cuando hay cámaras prendidas.
Y mientras todo esto ocurre, los rumores sobre proveedores del PANE que serían funcionarios del mismo Gobierno provincial se suman a la sensación de que nada ha cambiado del todo. Que las prácticas que se pretendían erradicar están más vivas que nunca. Que el poder se recicla pero no se regenera. Que el discurso del cambio aún no encuentra su correlato institucional.
Lo que sucede en San Luis no es aislado. Es un reflejo de una crisis más amplia que atraviesa la política nacional. Pero eso no puede ser excusa. Porque si todo es herencia, si todo se explica por el pasado, entonces ¿quién asume el presente? ¿Quién responde por las decisiones que se están tomando ahora mismo?
Es hora de exigir lo mínimo y lo esencial: que legislen, que gobiernen, que rindan cuentas, que estén donde deben estar. Que comprendan que ocupar un cargo público no es un privilegio, es una responsabilidad.
Porque San Luis no necesita más palabras. Necesita hechos. Y necesita que ese viejo pacto institucional, hoy resquebrajado, se reconstruya con verdad, con justicia y con acción.