Por Hector Acosta 
El proyecto oficialista que busca crear un fondo social ante la caída de coparticipación genera rechazo en la oposición, que denuncia irregularidades y prórrogas ilegales.
La provincia de San Luis está al borde de un nuevo choque político: el proyecto de ley de emergencia económica, enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura, ya divide posiciones a pocos días de su tratamiento en la Cámara de Diputados, previsto para el próximo miércoles. La iniciativa, que contempla la creación de un fondo social y solidario equivalente a dos meses de sueldos estatales y del Plan de Inclusión, se presenta como una medida preventiva ante la posible caída de los recursos provenientes de la coparticipación nacional.
Desde el oficialismo, la presidenta del bloque, Eugenia Gallardo, defendió la propuesta asegurando que busca preservar el funcionamiento del Estado en un contexto financiero cada vez más complicado. “Somos una provincia Nación dependiente. Los recursos de la coparticipación conforman más del 70% de nuestros ingresos y estos están disminuyendo mes a mes”, advirtió. Según Gallardo, las medidas de autoajuste ya vigentes, como la restricción de nombramientos en la administración pública, pretenden asegurar la estabilidad fiscal.
Además, explicó la creación del fondo social como una “reserva” que cubre gastos equivalentes a salarios y subsidios en educación y planes sociales, financiada a partir de un superávit de casi $190.000 millones reflejado en la cuenta de inversión 2024. “Esto no es una emergencia, es una previsión ante un panorama que podría empeorar”, sostuvo la legisladora oficialista, que no descartó un escenario más crítico por la disminución constante de transferencias nacionales y la reconfiguración de entes que operan en la provincia.
Pero la oposición no sólo cuestiona el fondo social, sino también el procedimiento para aprobar la ley. La diputada Silvia Sosa Araujo acusó al gobierno de Claudio Poggi de querer estirar la emergencia económica más allá de lo legal, cuando aún está vigente el Decreto N° 150, que declara emergencia pública hasta diciembre de 2024 con una prórroga de un año. “El Ejecutivo debería haber presentado una nueva ley, no una prórroga que excede los plazos permitidos. No se puede aplicar una emergencia cuatro años cuando la legislación dice un año prorrogable uno más”, afirmó la legisladora.
Sosa Araujo también advirtió que esta nueva ley podría permitir al gobierno evadir procesos administrativos obligatorios. “La emergencia permite saltarse la Ley de Contabilidad y, en consecuencia, evitar licitaciones públicas para obras y compras. Ya se están viendo irregularidades en construcciones de viviendas que aún no se terminan desde gestiones pasadas”, alertó. La diputada planteó que esta maniobra pone en riesgo la transparencia y el control del gasto público.
La tensión crece en San Luis mientras la Legislatura se prepara para debatir una ley que parece más que una simple medida preventiva: es un choque frontal entre la lógica del oficialismo, que habla de crisis y necesidad, y una oposición que ve una excusa para ampliar discrecionalidades. El miércoles, la Cámara de Diputados será escenario de un pulso decisivo para el futuro económico y político provincial.