Por Hector Acosta 
El juramento de jueces y defensores en el Salón Blanco del Palacio de Justicia fue presentado como un acto de institucionalidad impecable. Pero detrás del protocolo, persisten interrogantes sobre la transparencia del sistema, la independencia judicial y la lógica con que se nombran magistrados en San Luis.
El ritual es siempre el mismo: Salón Blanco, funcionarios vestidos con solemnidad, lectura de decretos, juras ante el Superior Tribunal de Justicia, fotos oficiales y comunicados prolijos. Esta vez, el turno fue para ocho profesionales del Derecho que asumieron cargos como jueces, defensores y secretarios en las Primera y Tercera Circunscripción Judicial de San Luis.
El presidente del STJ, Jorge Levingston, encabezó la ceremonia, flanqueado por los ministros José Guillermo L’Huillier, Eduardo Allende y la ministra Carolina Monte Riso. Todo impecable. Todo según el libreto institucional. Pero una vez que se apagan los flashes, queda lo esencial: ¿qué significa hoy ser juez o defensora en San Luis? ¿A quién se responde? ¿A la ley o al poder?
Los nombramientos —avalados por exámenes de oposición y recomendaciones técnicas— fueron rubricados por el Ejecutivo provincial mediante decretos consecutivos. Todo legal, sí. Pero en una provincia donde la división de poderes suele parecer una puesta en escena más que una garantía constitucional, la formalidad no alcanza para despejar las sospechas que sobrevuelan cada designación.
Porque si bien se publicitan los concursos y se exhiben las calificaciones, la pregunta estructural sigue siendo quién controla el proceso, cómo se definen los «recomendables», y cuánta autonomía real tendrán estos nuevos magistrados frente al poder político de turno.
Entre los designados figuran Gabriela Ramosca, Miguel Bustos, Adela Pérez Del Viso (jueces laborales y civiles); defensoras como María Victoria Villegas Scivetti, Silvina García, María Luz Vilchez Vilches; y funcionarias como Hania Muñoz Videla y Agustina Tobares. Son perfiles profesionales, muchos con trayectoria reconocida. Pero la confianza ciudadana no se construye solo con currículums: se construye con independencia, y eso solo se demuestra en el ejercicio diario del cargo.
San Luis arrastra una deuda profunda con su ciudadanía en materia judicial. Lentitud de causas, fallos que parecen alinearse con las conveniencias del Ejecutivo, defensores que no defienden con firmeza, fiscales que esquivan causas sensibles, y un sistema que muchas veces se cierra sobre sí mismo, blindado, hermético, elitista.
En ese contexto, las nuevas designaciones no pueden leerse como una simple renovación burocrática. Son parte de un movimiento más amplio de recambio institucional, donde el desafío no está en el acto de jurar, sino en la práctica concreta de impartir justicia sin presiones ni guiños al poder.
Y esto cobra aún más relevancia cuando se observa el mapa judicial en las circunscripciones del interior. Allí, lejos del centro político, la autonomía de jueces y defensores es clave para garantizar acceso real a derechos, especialmente en temas de violencia, infancia, conflictos laborales o ambientales. No es menor que varias designaciones se concentren en esas áreas: son los frentes más calientes donde la justicia se juega el todo por el todo.
¿Cambiarán algo estos nuevos nombramientos? ¿Marcarán un quiebre? ¿Responden a un criterio de fortalecimiento judicial o a un reacomodamiento de piezas dentro de la estructura? Las respuestas no están en los discursos ni en los decretos. Están en los fallos, en las decisiones incómodas, en la valentía de no mirar para otro lado cuando el poder llama por teléfono.
Hasta entonces, celebramos que haya caras nuevas. Pero seguimos atentos. Porque la democracia no se mide por la cantidad de juras, sino por la calidad de las sentencias.