Por alfilo 
Conexiones con el kirchnerismo, vínculos gremiales a nivel nacional y audios escalofriantes. Juan Carlos Insúa, exsindicalista y operador político en la campaña de Alberto Fernández en 2019, lideraba una organización narco que distribuía cocaína en San Luis, ganando millones por mes. La causa revela cómo el poder sindical y la política fueron usados como escudo para una red criminal.
Por más de seis meses, la Justicia Federal investigó una organización narcocriminal que operaba con impunidad en San Luis. En el centro de la red se encontraba Juan Carlos Insúa, exdirigente gremial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Corrientes, con conexiones políticas de peso: participó como operador durante la campaña presidencial de Alberto Fernández en 2019, y estuvo vinculado a la CGT y a estructuras sindicales alineadas al kirchnerismo.
Pero tras la fachada de líder sindical, Insúa gestionaba una red que traficaba al menos 5 kilos de cocaína semanales desde Buenos Aires hacia distintas ciudades de San Luis, principalmente Villa Mercedes y Merlo. La banda contaba con logística propia, campos alquilados para almacenamiento, y contactos que le permitían eludir controles de Gendarmería. El juez federal Juan Carlos Nacul, a cargo de la investigación, ordenó 27 allanamientos simultáneos y 13 detenciones, incluyendo a Insúa, su pareja y su hijo.
Los audios incorporados a la causa judicial son reveladores. En una de las grabaciones clave, Insúa dice con total desparpajo:
“Esto es una empresa. Estamos construyendo nuestro imperio a la talla y a la medida que nosotros queremos”.
El sindicalista hablaba de droga, no de derechos laborales.
Política, gremios y cocaína
Insúa no actuaba solo. Usaba su influencia en diversos gremios como el Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleados de Carne y Afines (SOFECA) y la Federación de Trabajadores Agrarios (Fe.T.A.R.A.) para mover libremente entre provincias. Según la causa, la estructura utilizaba al menos dos campos alquilados, denominados “La Quinta de FeTARA” y “Campo Las Palmeras”, donde se acondicionaban los paquetes de droga y se preparaban los envíos.
Además de su presencia gremial, Insúa desplegó durante años un armado político que le permitió establecer contactos con dirigentes provinciales y nacionales. Incluso hay fotos suyas en actos del peronismo y acompañando candidatos del oficialismo en San Luis.
Uno de los audios más inquietantes muestra cómo sus vínculos sindicales y políticos le permitían eludir controles de seguridad:
“En el peaje de Junín, la Gendarmería a pleno. Me pararon… decí que le mandé chamuyo con el Sindicato, que esto y el otro, y no me revisaron”.
Un negocio millonario y bien aceitado
La organización tenía una logística armada como si fuera una empresa de transporte. Distribuían la droga en vehículos particulares con doble fondo, camuflaban la cocaína en cargas de verduras o alimentos, y movían el dinero a través de una concesionaria propiedad de Juan Cruz “Junior” Insúa, hijo del líder narco, ubicada en Escobar.
Los cálculos de la causa son alarmantes: la banda obtenía beneficios mensuales cercanos a los $140 millones (unos 120 kg de cocaína vendidos en ese período).
“Con el ritmo del Gaucho, lo que tenés vos allá, y si le sumamos Mendoza, en tres o cuatro meses estamos en otra galaxia, amigo”, dice Insúa en otra de las escuchas.
Esto evidencia el plan de expansión de la red a nuevas provincias.
Caída y evidencia
El operativo final, ejecutado por la Policía Federal y Gendarmería, incluyó el decomiso de:
7 armas de fuego
Más de 5 millones de pesos
Dos vehículos de alta gama
Una máquina para contar billetes
Paquetes de cocaína listos para la venta
Las escuchas muestran que Insúa era temido y respetado en el circuito narco. Se referían a él como “El Viejo” o “El Patrón”. Sus órdenes eran acatadas sin cuestionamientos. El mismo modelo vertical y disciplinado que aplicó en su carrera gremial, lo replicó en su estructura criminal.
La conexión con el poder
El caso Insúa no es un hecho aislado. Abre la puerta a interrogantes más profundos: ¿cuántos dirigentes sindicales utilizan su poder para actividades ilegales? ¿Qué rol juegan ciertos sectores políticos en el encubrimiento de estas redes?
Insúa logró sostener su estructura durante años sin ser detectado. La relación con sectores políticos afines y el silencio de su entorno gremial dejan entrever una red de complicidades que excede lo judicial. ¿Quién miró para otro lado mientras el «sindicalista» levantaba un imperio narco?
El expediente sigue sumando pruebas y se esperan nuevas detenciones. Mientras tanto, el escándalo crece en San Luis y a nivel nacional. El caso ya llegó a la agenda política y promete dejar huellas.