Por Hector Acosta 
La pulseada entre Juan Álvarez Pinto y Mario Nicoletti no es solo personal ni institucional: es un debate profundo sobre ética, coherencia y poder en la Villa de Merlo. Una confrontación que deja al descubierto más de lo que muchos se animan a decir.
Hay guerras políticas que se disimulan tras protocolos y formalidades. Y hay otras —como esta— que se libran a cara descubierta, sin maquillaje, sin medias tintas. La disputa entre el actual Ministro de Gobierno y exintendente de Merlo, Juan Álvarez Pinto, y el referente ambientalista Mario Nicoletti, alma mater de la organización Juvennat, ha dejado de ser una simple diferencia de criterios. Hoy es una guerra abierta. Y va a fondo.
Desde hace años, Nicoletti representa una figura central del ambientalismo local, con una trayectoria de más de tres décadas como cabeza visible de Juvennat, una ONG que se ha erigido como guía moral de muchas políticas ambientales en la región. Pero ahora, todo ese capital simbólico está en jaque.
Álvarez Pinto no lo insinuó: lo dijo. Y lo dijo con todas las letras. Solicitó al Concejo Deliberante la conformación de una Comisión Especial Investigadora para indagar sobre “las acciones, omisiones y presuntas irregularidades” cometidas por Nicoletti en el manejo de asuntos particulares, que podrían haber afectado directamente la planificación urbana y ambiental de Merlo.
“El cuidado del ambiente exige coherencia ética y cumplimiento de la ley. No basta con discursos; quienes incumplen deben rendir cuentas como cualquier ciudadano”, disparó el funcionario. Pero fue más allá. Mucho más.
En declaraciones, fue categórico: “El tema más grave es que toda la vida se dio el lujo de hablar barbaridades del resto, de todos, y él era el ‘ejemplo’. En la realidad no es ejemplo de nada: es infractor y contaminador”. Una frase que no es solo una denuncia: es un mazazo a la credibilidad del ambientalismo institucionalizado. Es la desmitificación de una figura que, hasta ahora, se movía con inmunidad simbólica.
Y aquí es donde el conflicto adquiere otra dimensión. Porque no se trata únicamente de un entredicho entre un político y un activista. Estamos ante el choque de dos modelos de poder: el poder político legítimamente constituido, y el poder ético de quienes han construido autoridad desde el discurso ambiental. La pregunta de fondo es inquietante: ¿qué pasa cuando el que exige transparencia y compromiso no cumple con lo que predica?
Nicoletti ha sido, durante años, una voz que denunció irregularidades ajenas, defendió causas nobles y marcó la agenda ambiental en la Villa de Merlo. Pero, según Álvarez Pinto, hay una cara oculta: planos, trámites, construcciones y usos del suelo que no encajan con ese discurso. “Con lo ajeno es ambientalista, con lo propio hay dudas”, ironizó el ministro, marcando una contradicción brutal.
La ONG Juvennat salió a responder, como era de esperarse. Reivindicó sus 36 años de trabajo sostenido, defendió la integridad de sus integrantes y acusó al exintendente de tener un tono agresivo y poco respetuoso. Pero en esta batalla, el silencio sobre el fondo de la cuestión también hace ruido. Porque mientras se defienden los valores institucionales, nadie desmiente con claridad las acusaciones concretas. ¿Y si son ciertas?
Lo que se pone en juego aquí no es menor. Juvennat ha pretendido ser durante décadas una especie de rector moral de la conducta ambiental de la comunidad. Ha formado generaciones enteras, ha tenido acceso a políticas públicas y ha influido en decisiones institucionales. ¿Puede ahora mirar para otro lado si su principal referente es acusado de actuar en contradicción con esos valores?
Esta pelea no es decorativa. Tiene consecuencias. El pedido de investigación de Álvarez Pinto no es un acto simbólico para la tribuna. Es un hecho institucional que, si prospera, puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales. Y si no prospera, también dejará marcas: ¿el Concejo se animará a mirar hacia adentro, o se convertirá en cómplice por omisión?
Por lo pronto, lo que queda claro es que Álvarez Pinto no improvisa. Tiene información, está asesorado y, sobre todo, está decidido a no dejar pasar lo que considera una hipocresía institucional peligrosa. Esta no es una denuncia al pasar. Es una cruzada. Una toma de posición. Y como toda cruzada, va a dividir aguas.
En las calles, en los cafés, en los grupos de WhatsApp, la discusión ya está instalada. La comunidad merlina, que en otras ocasiones ha acompañado con fe ciega a referentes sociales y ambientales, hoy se encuentra en estado de desconcierto. ¿En quién confiar cuando caen las máscaras?
Los próximos días serán decisivos. El Concejo deberá actuar con responsabilidad, altura institucional y, sobre todo, sin temor. Si hay algo peor que un infractor, es una estructura que lo encubre. Porque una ONG no es solo una organización: es una promesa ética. Y si no cumple, debe ser cuestionada como cualquier otra.
Nicoletti, en tanto, deberá dar explicaciones claras, contundentes y verificables. Porque su capital simbólico ya no alcanza. En Merlo, la coherencia ha pasado de ser un valor deseado a una exigencia impostergable.
Y mientras tanto, la guerra sigue. Porque esto no fue una denuncia. Fue una declaración de principios. Y quien declara principios, está dispuesto a llegar hasta el final.