Por Hector Acosta 
Mientras la presidenta del Consejo renunciaba en silencio y el resto de los directivos se escapaba por la puerta de atrás, un grupo de socios tomó el timón institucional, reescribió el orden del día y destituyó a todos. El resultado: nueva conducción, unificación con el oficialismo municipal y una cooperativa que ahora, además de agua, reparte poder.
Sábado, 15:10. Merlo. Las pavas hervían más por el chisme que por el agua. En una sala con más tensión que caño oxidado en plena sequía, la Cooperativa de Provisión de Agua, Obras y Servicios Merlo Ltda. reanudaba su Asamblea General Ordinaria, interrumpida semanas atrás. La jornada prometía ser un trámite. Pero la institucionalidad —y algunos dirigentes— terminó por evaporarse antes que el primer mate.
Minutos antes del comienzo formal, se supo lo que muchos ya sospechaban: la presidenta del Consejo de Administración había presentado su renuncia. Lo hizo sin estridencias, como quien abandona un barco, pero sin dejar notas al capitán. Algunos dicen que lo hizo por principios, otros por presión, y algunos porque ya no quedaba ni café en la oficina. Lo cierto es que su renuncia fue apenas el primer goteo de lo que sería una cascada institucional.
Apenas iniciada la sesión, el ingreso de socios que no habían estado presentes en la jornada anterior fue el detonante. Los miembros restantes del Consejo se retiraron del recinto, argumentando que no estaban dadas las condiciones. En criollo: se asustaron. No por los socios, sino por lo que venía: votos, decisiones y posibles cambios de figuritas en el Consejo. Así, con un portazo sin manifiesto, dejaron el acto sin conducción.
Y ahí comenzó el capítulo que ningún manual cooperativista explica: cuando los socios deciden hacer lo que, se supone, nunca deberían hacer. Tomar la conducción. O como ellos lo dijeron: “dar continuidad a la asamblea”. Ni lerdos ni perezosos, improvisaron una conducción transitoria, redactaron un nuevo orden del día, y pusieron en marcha lo que terminó siendo una cirugía mayor sin anestesia institucional.
La votación fue clara. A mano alzada, como en los viejos clubes de barrio: se destituyó al Consejo de Administración y al síndico. Nadie lloró. Nadie se opuso. Solo hubo asentimientos, alguna que otra ovación y un aire renovado que olía a limpieza… y a interna resuelta.
Acto seguido, la elección de nuevas autoridades. Una sola lista. Sin competencia. Sin discursos. Una especie de casting cerrado donde ya sabían quién quedaría. Marcelo Arias, Ezequiel Bulacio, Fernando Flores, Ariel Aguilera, Federico Aguirre, Patricia Díaz, Alejandro Casabianca, Paulino Arias y Valeria Domínguez fueron electos por aclamación. Como síndicas, Cristina Duje (titular) y Gloria Arrieta (suplente). Todos conocidos. Todos, digamos, de la misma sintonía política que el municipio.
El resultado, más allá del tecnicismo, tiene aroma a consolidación del poder local. Porque lo que se ganó en participación se perdió en autonomía. Desde ahora, la cooperativa, esa que nació para asegurar servicios esenciales al margen de los gobiernos de turno, parece haber encontrado su nuevo destino: ser el apéndice acuático de la gestión municipal.
¿Es legal? ¿Es legítimo? ¿Es moral? La respuesta puede venir en los próximos días desde la Dirección de Personería Jurídica de la provincia, que deberá analizar si el procedimiento fue válido o si hubo más agua en el vino de la institucionalidad de lo que parece.
Mientras tanto, los socios prudentes —una especie cada vez más rara— piden cautela. Argumentan que, más allá de las emociones del día, la validez de lo actuado dependerá de cuestiones técnicas y jurídicas que escapan a la euforia democrática. El problema, claro, es que la política no espera dictámenes: se impone.
En el fondo, lo que ocurrió en la cooperativa no es más que un espejo de lo que pasa en muchas instituciones del interior profundo. Lugares donde los partidos políticos —camuflados de vecinos preocupados— avanzan sobre espacios que deberían ser neutrales. Donde la democracia se ejerce con pasión pero sin tiempo. Y donde el agua, que debería ser un derecho básico, termina siendo el trofeo de una guerra por cuotas de poder.
Y así, entre el cloro institucional y la efervescencia asamblearia, la Cooperativa de Agua de Merlo ahora fluye por otros canales. Tal vez más alineados, tal vez más eficaces, tal vez simplemente más verticales. Lo cierto es que, por ahora, los nuevos conductores ya tienen la llave de paso. Falta ver si la Dirección de Personería Jurídica se las cierra… o los deja hacer.