Por Hector Acosta 
El concejal de La Libertad Avanza apuntó contra el uso discrecional del reglamento, la falta de trabajo en comisión y un aumento tarifario que, según denunció, duplica el impacto real sin explicaciones claras. Una crítica que pone el foco en la forma de gobernar, no solo en los números.
La sesión extraordinaria volvió a dejar más preguntas que certezas. No por los temas tratados, sino por cómo se trataron. Así lo entiende el concejal de La Libertad Avanza, Fernando Orozco, quien trazó una dura lectura política e institucional sobre el funcionamiento del Concejo Deliberante, el uso del reglamento y el verdadero impacto del aumento tarifario aprobado.
“Es algo que se repite”, advierte. Y no lo dice como consigna, sino como diagnóstico. Lo mismo ocurrió el año pasado, también en la primera sesión extraordinaria. Una práctica que se vuelve costumbre: interpretaciones dobles del reglamento, artículos ambiguos —como el artículo 50— y decisiones que avanzan aun cuando el propio reglamento deja más dudas que certezas.
Desde su espacio, Orozco fue claro: no se trató de una oposición automática. Se cuidaron los temas, se los analizó y se los criticó justamente por su sensibilidad. “Eran cuestiones que ameritaban trabajo en comisión”, sostuvo. Sin embargo, ese camino fue descartado. El resultado, según remarca, es conocido: ordenanzas y modificaciones aprobadas sin el estudio pertinente, empujadas por la urgencia política más que por la urgencia real.
El problema, para Orozco, es más profundo que una sesión puntual. Es estructural. Durante años —reconoce— se habló de modificar el reglamento, de corregir ambigüedades, de evitar estos escenarios repetidos. Pero todo quedó en promesas. “Sí, sí, sí… y nunca pasa nada”, resume con crudeza.
Recién en esta última mitad del año, afirma, logró conformar un equipo de trabajo profesional que le permite avanzar en una agenda más sólida. Entre los objetivos centrales aparece una deuda histórica del Concejo: la falta de un digesto normativo. En una ciudad de más de 21.000 habitantes, no contar con un digesto ordenado y accesible no es un detalle administrativo, es una falla institucional grave.
La situación se agrava con un dato que expone el abandono: la página oficial está caída. El vecino hoy no puede acceder de manera virtual a la información pública. Para Orozco, esa omisión no es técnica, es política. “Es una falta del Concejo no haber trabajado seriamente el reglamento y sus ambigüedades”, dispara.
El capítulo más caliente fue, como siempre, la tarifaria. Y acá el concejal marca una diferencia clave: no cuestiona la necesidad del aumento. Reconoce el contexto inflacionario, el incremento de costos y la necesidad de actualización. Lo que cuestiona es la forma.
Desde su bloque pidieron que el tema se incorpore con tiempo, que se presente, que se estudie. No para frenar, sino para discutir cómo hacerlo de la mejor manera, pensando en el beneficio general y no solo en cerrar números.
El punto crítico aparece cuando se analiza el impacto real. Mientras se comunicó el aumento de la unidad monetaria municipal —que pasó de 450 a 600—, no se explicó con la misma claridad que también se modificó la cantidad de unidades que paga el vecino.
Una vivienda familiar básica pasó de tributar 110 unidades a 165. En términos porcentuales, un 50% más. Si a eso se le suma el incremento del valor de la unidad, el impacto final roza cifras que duplican el monto anterior. “Si vos analizás la ordenanza en profundidad, el aumento real ronda entre el 85% y casi el 100%”, explica Orozco.
Y ahí aparece su principal reproche: no se le dijo la verdad al vecino. No porque el aumento sea ilegítimo, sino porque se comunicó de forma parcial. Se habló del porcentaje, pero no del resultado final en el bolsillo.
“Yo no critico el aumento”, insiste. “Critico que esto ameritaba trabajarse de otra forma, con realismo y objetividad, de acuerdo a lo que realmente necesita el municipio”.
Durante la sesión, el argumento del oficialismo fue conocido: “Siempre se hizo así”. Una frase que, para Orozco, sintetiza el problema de fondo. El uso y la costumbre como justificación política. El pasado como excusa para no revisar el presente.
Paradójicamente, reconoce que esa misma discusión la dio el bloque justicialista el año pasado. Y él mismo lo veía de la misma manera que hoy plantea la concejal Roldán. La diferencia, dice, es la decisión de no repetir el libreto.
Este año eligió otro camino: trabajar con un equipo, fundamentar, explicar, ejemplificar y hablarle directamente al vecino. Salir del debate interno del Concejo y poner el foco en la comprensión social del problema.
“No pararme en la posición del uso y costumbre”, remarca. “No pararme donde se paró el justicialismo el año pasado”.
La sesión extraordinaria dejó una enseñanza incómoda: cuando el reglamento es difuso, la política avanza por inercia. Cuando no hay explicación clara, el vecino paga sin entender. Y cuando nadie revisa las reglas del juego, el problema no es la oposición ni el oficialismo: es la calidad institucional.