Por Natalia Ciliento 
Hay pedidos que fortalecen la democracia. Y hay escenas que la exponen.
Que un concejal solicite el expediente del balance municipal al inicio de sesiones ordinarias no es, en sí mismo, un escándalo. Al contrario: el control es saludable. La revisión de números públicos es una obligación institucional, no un favor político. En una ciudad como La Punta, donde cada peso importa, discutir el balance no es un capricho: es una necesidad.
Hasta ahí, todo bien.
El problema no es el pedido. El problema es el modo. Y, sobre todo, el mensaje que se construye alrededor del procedimiento.
Porque el expediente del balance —como cualquier expediente legislativo— tiene un recorrido. No aparece por arte de magia en el recinto. No se trata en el aire. No se “toma estado legislativo” por presión mediática ni por voluntad individual. Existen reglas. Hay un circuito administrativo. Hay comisiones. Hay tiempos.
No es burocracia: es institucionalidad.
Lo que llama la atención no es que se quiera discutir el balance. Lo que sorprende es que se instale ante la ciudadanía la idea de que el expediente está retenido, escondido o bloqueado, cuando en realidad hay normas que regulan su tratamiento.
Y ahí es donde surge la pregunta incómoda: ¿es desconocimiento o es estrategia?
Porque el concejal no está solo. Lo acompaña su compañera de bancada, con cuatro años de experiencia legislativa. Cuatro años recorriendo el mismo Concejo, con el mismo reglamento, bajo el mismo sistema de funcionamiento. No estamos hablando de recién llegados a la política ni de ciudadanos que pisan por primera vez el recinto.
Estamos hablando de representantes con trayectoria.
Entonces, cuando se transmite a la sociedad que “no se llama a sesiones extraordinarias” mientras el propio reglamento —ese que se agitó en mano en otras oportunidades— establece con claridad lo contrario, la contradicción no pasa desapercibida.
El artículo 50 es explícito: las sesiones extraordinarias pueden celebrarse para tratar asuntos urgentes de interés público, y pueden ser convocadas por el Presidente, por el Intendente o por la mitad más uno de los concejales.
No es interpretación. Es lectura.
Y aquí aparece otra escena que deja ruido: en sesión extraordinaria reciente, ambos concejales trabajaron con el reglamento en mano, invocándolo como fundamento central de su postura. Lo citaron. Lo defendieron. Lo usaron como escudo argumentativo.
Pero ahora, frente a la opinión pública, sostienen que no se convoca a extraordinarias.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Porque el reglamento no cambia según la conveniencia política del momento. No es elástico. No se activa cuando sirve y se desactiva cuando incomoda. O se respeta siempre o se relativiza siempre.
Lo que no puede hacerse es invocarlo como bandera y desconocerlo como obstáculo.
La sociedad de La Punta merece claridad. Merece debates de fondo. Merece que se discuta el balance con datos, con números y con argumentos. Pero también merece honestidad intelectual.
Si el expediente debe ingresar formalmente, que ingrese.
Si debe pasar por comisión, que pase.
Si corresponde una extraordinaria, que se pidan las firmas necesarias.
Eso también es hacer política.
Porque generar la percepción de bloqueo institucional sin explicar el procedimiento completo no fortalece la transparencia: la confunde. Y la confusión, en política, nunca es inocente.
¿Es falta de conocimiento? Cuesta creerlo. Cuatro años en una banca no permiten ese margen. ¿Es ansiedad por instalar un tema? Puede ser. ¿Es una estrategia para tensionar el inicio del período legislativo? También es posible.
Pero si el objetivo es “hacer ruido”, conviene recordar algo: el ruido no siempre construye. A veces solo tapa.
Y cuando el reglamento deja de ser una herramienta y se convierte en un recurso retórico, la discusión pierde calidad.
El control es sano. La fiscalización es necesaria. El debate es imprescindible.
Lo que no ayuda es convertir el procedimiento en espectáculo.
Porque la democracia no se defiende a los gritos. Se defiende leyendo hasta el final.
Y el reglamento, guste o no, también es parte de esa lectura.
En política, pedir transparencia es legítimo; lo que resulta llamativo es olvidar las reglas justo cuando empiezan a estorbar.