Por Hector Acosta 
Cuestiona que no hay razones objetivas para declarar la emergencia. Apunta a la falta de transparencia y advierte sobre posibles arbitrariedades en el uso de fondos.
“No es una cuestión política. Es legalidad y transparencia”, sostiene el edil electo Sergio Álvarez, que judicializa una ordenanza clave aprobada por la gestión de Macías.
En un nuevo giro del conflicto político que atraviesa la localidad de Quines, el concejal electo por el justicialismo, Sergio Antonio Álvarez, presentó un recurso de amparo ante la Justicia provincial. El objetivo: dejar sin efecto la ordenanza que declara la emergencia económica municipal, aprobada recientemente por mayoría oficialista en el Concejo Deliberante.
El planteo no es menor. Álvarez, abogado y futuro edil, denuncia que la medida “carece de justificación real” y que abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden afectar tanto al personal municipal como al funcionamiento de los órganos de control.
“Entre enero y mayo de este año, Quines recibió un 62,49% más de coparticipación que en 2024. Y la inflación fue apenas del 12,6%”, remarcó.
Para Álvarez, las cifras oficiales contradicen cualquier argumento de crisis. A eso se suman, según detalló, varios aportes extraordinarios girados por el Gobierno provincial en los últimos meses:
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$16.352.000 el 23 de diciembre de 2024
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$37 millones en concepto de bono de fin de año
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$250 millones el 15 de abril de 2025, a solo veinte días de las elecciones
“No hay informes claros ni avances visibles sobre las obras que supuestamente se iban a financiar con esos recursos. Tampoco se conoce cómo se adjudicaron”, subrayó el dirigente.
Los tres ejes del amparo
El recurso judicial se apoya en tres argumentos clave:
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Verosimilitud en el derecho: se afirma que hay evidencia concreta que desmiente la necesidad de la emergencia.
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Peligro en la demora: se alerta sobre el riesgo de deterioro en la administración y el uso de fondos.
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Inexistencia de una vía legal más eficaz: por la urgencia institucional que impide esperar una vía legislativa o política.
“El 52% de los quinenses votó por un cambio. Tenemos que garantizar la legalidad y el funcionamiento institucional”, expresó Álvarez.
Un Concejo dividido
La semana pasada, el Concejo Deliberante aprobó el balance del primer trimestre y la ordenanza de emergencia con el apoyo exclusivo del oficialismo. La oposición, sin éxito, presentó despachos en minoría y criticó duramente el manejo discrecional de los fondos públicos.
También apuntaron a la ausencia de informes técnicos, la falta de criterios objetivos, y la inexistencia de licitaciones claras para las obras anunciadas.
Cambio de escenario
El panorama podría modificarse en diciembre, cuando Álvarez y Daniela Astudillo Cejas (ambos justicialistas), junto a Julio Godoy (oficialista), asuman sus bancas y reemplacen a tres concejales que actualmente responden a la intendenta Antonella Macías. Este cambio modificará la relación de fuerzas en el recinto y podría marcar el inicio de una nueva etapa política en la localidad.
Mientras tanto, la presentación judicial genera un fuerte precedente institucional y marca el tono combativo con el que se instalará el nuevo bloque opositor.