Por Natalia Ciliento 
La Justicia ordenó retener parte del sueldo del senador de La Libertad Avanza por una deuda fiscal de 45 millones; el dirigente denuncia persecución política de Poggi.
La política puntana sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. Esta vez, con un ingrediente que mezcla números, poder y narrativa electoral: la Justicia de San Luis ordenó embargar el sueldo del senador nacional Bartolomé Abdala por una deuda impositiva que ronda los 45 millones de pesos.
La medida no es menor. Tampoco es solo administrativa. Porque detrás del expediente judicial aparece una disputa política que ya empezó a jugarse en clave electoral.
El oficio fue firmado por el juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo y ya ingresó al Senado de la Nación. Allí se solicita avanzar con el embargo de los haberes del legislador “en el porcentaje que la ley disponga”, hasta cubrir el monto adeudado por impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales impagos.
En términos concretos, el impacto es directo: Abdala percibe un salario cercano a los 11 millones de pesos mensuales, por lo que la ejecución de la medida implicará una retención parcial de su dieta hasta saldar la deuda.
Pero el dato institucional agrega otro nivel de lectura. No se trata de un senador más.
Abdala es el presidente provisional del Senado, es decir, ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial, detrás del presidente y la vicepresidenta. En este caso, la ejecución del embargo quedará bajo la órbita de la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
Con ese escenario, lo que podría haber sido un caso fiscal más, escala rápidamente en términos políticos.
De hecho, el conflicto tiene antecedentes recientes. En febrero, la titular de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, ya había señalado públicamente a Abdala como deudor. No solo eso: lo expuso como un contribuyente con capacidad económica que no cumplía en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.
Ese señalamiento no ocurrió en un vacío. Se dio en medio de un cruce por la política impositiva provincial.
En ese contexto, Capiello fue directa: “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”. Una frase que, en retrospectiva, anticipaba el escenario actual.
Ahora, con la intervención judicial, el conflicto suma un nuevo nivel de formalidad. Y también de tensión.
Porque la respuesta de Abdala no tardó en llegar. Y eligió el terreno donde hoy se libran muchas batallas políticas: las redes sociales.
“Poggi no me vas a callar”, escribió el senador, apuntando directamente contra el gobernador Claudio Poggi. A partir de ahí, construyó un discurso que no se centra en la deuda, sino en el contexto.
Abdala asegura que se trata de una persecución política en su contra y contra La Libertad Avanza, con vistas a las elecciones del próximo año. Según su mirada, el uso del aparato estatal y de los organismos públicos forma parte de una estrategia para condicionar a quienes disputan poder.
Incluso, en declaraciones periodísticas, sostuvo que aún no había sido notificado formalmente y que evaluará con sus abogados cómo avanzar con el pago de la deuda. Sin embargo, el eje de su argumentación no se detiene en lo administrativo.
El senador amplía la discusión hacia la política tributaria. Habla de “impuestazo” y señala que la provincia inició más de 5.200 juicios a deudores por un monto que supera los 9.100 millones de pesos. En ese marco, intenta posicionarse del lado de los contribuyentes frente a lo que define como una presión fiscal creciente.
Además, eleva el tono de la crítica al comparar la gestión actual con prácticas del pasado. “Se usan los mismos métodos que los Rodríguez Saá”, afirmó, en referencia a una lógica de persecución a opositores.
Del otro lado, el gobierno provincial sostiene otra narrativa. Capiello niega la existencia de un impuestazo y defiende el esquema tributario basado en la capacidad contributiva. Es decir, quien más tiene, más paga.
En ese sentido, refuerza una idea que impacta directamente en el caso: según la funcionaria, los contribuyentes con menores recursos suelen cumplir en tiempo y forma, mientras que existen sectores con alta capacidad económica que no lo hacen.
Y ahí vuelve a aparecer Abdala como ejemplo.
El cruce, entonces, deja de ser técnico. Se vuelve político. Y, sobre todo, simbólico.
Porque el senador no es un actor menor en el escenario provincial. Fue dirigente deportivo en la Liga Sanluiseña de Fútbol y en la AFA, ministro durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, diputado provincial en distintas etapas y hoy una de las figuras de referencia de La Libertad Avanza en San Luis.
Además, su proyección política es clara: es uno de los nombres que se posicionan para disputar la gobernación en 2027.
Ese dato explica, en parte, la intensidad del conflicto.
En su declaración jurada de 2024, Abdala informó poseer cinco inmuebles y tres vehículos, con un patrimonio estimado en 197 millones de pesos. Un dato que refuerza el argumento oficial sobre capacidad contributiva, pero que también alimenta la narrativa opositora sobre persecución selectiva.
Así, el caso queda atrapado entre dos lecturas.
Una, judicial y administrativa: una deuda fiscal que debe ser saldada mediante los mecanismos que establece la ley.
Otra, política: una disputa de poder en la que cada movimiento se interpreta en clave electoral.
En ese cruce, el embargo deja de ser solo un trámite. Se convierte en un mensaje.
Y como suele pasar en la política argentina, lo que está en discusión no es solo lo que ocurre, sino cómo se cuenta.