Por Natalia Ciliento 
El respaldo público del peronismo provincial a Cintia Ramírez volvió a abrir un debate incómodo en la política de San Luis: ¿la protección política es para todos o sólo para algunos? Mientras el PJ se encolumna para defender a una ex funcionaria acusada de corrupcion, otro dirigente atraviesa una tormenta mediática sin el mismo resguardo partidario. La política vuelve a mostrar su viejo reflejo: el paraguas aparece… pero no siempre cubre a todos.
En política hay gestos que dicen más que mil discursos. Y esta semana, en San Luis, uno de esos gestos quedó expuesto con claridad.
El Partido Justicialista distrito San Luis difundió un comunicado institucional en el que expresa su “profunda preocupación” por el inicio del juicio contra Cintia Ramírez, dirigente vinculada a la gestión de Alberto Rodríguez Saá y ex funcionaria del área deportiva provincial. El texto sostiene que el proceso judicial se desarrolla en un contexto que “evidencia una clara utilización política de la justicia para perseguir a quienes piensan distinto al actual gobierno provincial”.
La declaración no llegó sola. A ese respaldo se sumó públicamente el dirigente Ernesto Nader Ali, quien difundió un mensaje en el que defendió la gestión deportiva de aquellos años y reivindicó el rol de Ramírez dentro de ese proceso.
En su pronunciamiento, Nader Ali recordó que durante esa etapa se fortalecieron más de 390 clubes, se regularizaron 41 federaciones deportivas y se acompañó a más de 1.300 deportistas de toda la provincia. También destacó la organización de más de 60 eventos deportivos nacionales e internacionales y la participación de más de 28.000 personas en los Juegos Deportivos Provinciales.
El mensaje tiene una construcción política clara: no se trata solo de defender a una dirigente, sino de reivindicar un modelo de gestión.
Según ese posicionamiento, poner bajo sospecha judicial esa etapa implicaría intentar desacreditar uno de los períodos de mayor impulso al deporte provincial. En ese marco, el dirigente concluye con una frase contundente: “Sabemos bien que estos intentos no buscan justicia, buscan disciplinar”.
La narrativa no es nueva en la política argentina. Cuando la justicia se acerca demasiado al poder político, rápidamente aparece la discusión sobre persecución, judicialización o lawfare.
Pero mientras ese paraguas discursivo se despliega con fuerza para algunos, otro episodio reciente en la política provincial muestra una escena muy distinta.
En paralelo a esta defensa cerrada del peronismo provincial, el concejal de La Punta, Martín Bastías, atraviesa una fuerte exposición pública tras una denuncia por amenazas que derivó en una tormenta mediática y política.
El caso circula en redes sociales, medios y espacios políticos con un nivel de presión que, hasta el momento, no ha tenido una defensa institucional tan contundente como la que hoy se observa en torno a Ramírez.
Y allí aparece la pregunta inevitable.
¿La protección política funciona con el mismo criterio para todos?
La comparación no apunta a establecer culpabilidades ni inocencias. Eso, en cualquier sistema democrático, le corresponde exclusivamente a la justicia.
Pero sí permite observar un fenómeno frecuente en la política: la solidaridad partidaria suele activarse con distinta intensidad según el peso político del dirigente, su cercanía con el poder interno o su lugar dentro del esquema de liderazgo.
El comunicado del PJ también incorpora otro elemento político. Allí se menciona que varias de las denuncias contra dirigentes vinculados al modelo anterior habrían sido impulsadas por quien fuera secretario de Ética Pública del actual gobierno provincial, Ricardo Bazla, hoy apartado de sus funciones y citado por la justicia en otra causa que investiga un presunto perjuicio millonario vinculado a la actividad productiva.
Ese dato aparece en el texto partidario como un argumento para cuestionar la legitimidad de las denuncias y para instalar la idea de una doble vara dentro del propio discurso oficialista sobre transparencia.
Pero lo cierto es que el debate de fondo parece ir por otro lado.
Más allá de las estrategias judiciales o de los posicionamientos partidarios, lo que queda en evidencia es cómo la política administra sus propias defensas.
Cuando la dirigencia se siente atacada, se ordena rápidamente detrás de un relato común: persecución política, disciplinamiento, lawfare.
Sin embargo, ese relato no siempre se aplica con la misma fuerza cuando los protagonistas son otros actores dentro del mismo espacio o del mismo universo político.
El resultado es un escenario que la sociedad observa con creciente escepticismo.
Porque cuando la política defiende selectivamente a los suyos, el mensaje que queda flotando es simple: el paraguas existe, pero no siempre se abre para todos.
En una provincia donde la política ha estado históricamente marcada por liderazgos fuertes, estructuras partidarias verticales y lealtades muy definidas, estos gestos adquieren un peso simbólico aún mayor.
La solidaridad partidaria, cuando aparece, revela tanto como los silencios.
Y en San Luis, esta semana, ambos hablaron fuerte.
Mientras un sector del peronismo provincial se moviliza para defender a una dirigente histórica de la gestión anterior, otro dirigente atraviesa su propio vendaval sin el mismo respaldo político.
Tal vez allí esté la verdadera discusión de fondo.
No sobre la justicia.
No sobre las denuncias.
Sino sobre cómo la política decide a quién cubrir… cuando empieza la tormenta.