Por Natalia Ciliento 
El oficialismo aprobó la cuenta de inversión con mayoría propia. El peronismo cuestionó el uso de reservas y acusó al Gobierno de Poggi de desdoblar salarios sin necesidad.
En menos de dos horas de sesión, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría oficialista las cuentas de inversión del ejercicio 2024. El debate legislativo, que usualmente insume largas jornadas, fue reducido a un puñado de intervenciones donde afloraron las profundas diferencias políticas entre el poggismo gobernante y un peronismo opositor que no ahorró críticas.
Con 23 votos a favor y 11 en contra, el oficialismo —junto a sus aliados— ratificó un resultado que ya se daba por descontado: la validación de un presupuesto con superávit de $189.876 millones. Para el Gobierno de Claudio Poggi, esto representa un “saneamiento” de las cuentas provinciales tras años de déficit estructural; para la oposición, en cambio, se trata de una operación fiscal maquillada que desconoce el verdadero origen de esos fondos.
Un debate exprés con posturas antagónicas
La rapidez del tratamiento dejó sabor a poco en el recinto. Hablaron apenas siete legisladores: cuatro por el peronismo (Silvia Sosa Araujo, Federico Berardo, Gloria Petrino y Claudia Pinelli) y tres por el oficialismo (Nicolás González Ferro, Verónica Causi y Mauro Chiatti). González Ferro, ex peronista devenido en referente poggista, fue el encargado de exponer los números del balance 2024.
Según detalló, la Provincia recaudó $1,33 billones y ejecutó $1,14 billones en erogaciones, generando un superávit financiero de casi $190 mil millones. Afirmó que esto permitió revertir cinco años de déficit, avalado —según él— por un informe técnico de la Universidad de Buenos Aires.
El oficialismo también justificó la austeridad con datos macroeconómicos: caída del 8,39% en la coparticipación (dato cercano al 9% informado por IARAF), suspensión de transferencias nacionales para obra pública y eliminación de subsidios claves como el Incentivo Docente o el transporte público, que la provincia debió afrontar con recursos propios.
La oposición: “El superávit es una mentira”
Desde el bloque justicialista, Silvia Sosa Araujo y Federico Berardo desarmaron pieza por pieza los argumentos oficialistas. Apoyados en documentación del Tribunal de Cuentas, señalaron que la gestión de Alberto Rodríguez Saá dejó un saldo positivo de $93.126 millones y que los sueldos de diciembre (estimados en $20 mil millones) podían haberse pagado sin necesidad de fraccionarlos.
“El salario de los empleados cayó un 70%, pero dicen que hay superávit. ¿A quién quieren engañar?”, disparó Sosa Araujo. En tanto, Berardo fue más allá y comparó el ahorro fiscal con áreas sociales: “Guardaron $190 mil millones mientras la Secretaría de Discapacidad tiene un presupuesto 267 veces menor. En seguridad pasa igual. No hay excusas”.
El peronismo acusó al Gobierno de construir un fondo anticrisis a costa del ajuste social. Criticaron que, mientras se hablaba de “época de vacas flacas”, se acumulaban recursos que deberían haberse volcado al territorio, especialmente en un contexto de alta inflación y pobreza creciente.
El karma legislativo: mayorías que deciden sin diálogo
El trasfondo del debate también pone en evidencia un viejo patrón político: la imposición de mayorías sin espacio para consensos. Aunque el poggismo repita ahora las prácticas que antes cuestionaba en la era Rodríguez Saá, el karma institucional vuelve bajo otra bandera. Los proyectos se aprueban por mayoría, el debate se reduce al mínimo y la ciudadanía queda como espectadora de una disputa sin matices.
Chiatti, desde el oficialismo, defendió el ahorro como un “superávit auténtico”, contrastando con lo que denominó el “maquillaje fiscal” del pasado. Verónica Causi, por su parte, sostuvo que el Gobierno anterior gastó más de lo que ingresó, agotando las reservas judiciales ganadas a Nación.
Hoy, con mayoría asegurada también en el Senado, el Ejecutivo se garantiza que el expediente sea aprobado sin sobresaltos. Pero el verdadero debate —más allá de las planillas contables— queda pendiente: ¿es este ahorro una política responsable o un ajuste encubierto?