Por Natalia Ciliento 
El ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, enfrenta cuestionamientos cada vez más fuertes dentro del oficialismo. Denuncias por malversación de fondos, internas partidarias, desgaste en su imagen pública y aislamiento político alimentan los rumores de su inminente salida.
Juan Álvarez Pinto, actual ministro de Turismo y Cultura de San Luis e intendente en uso de licencia de Merlo, transita uno de sus momentos políticos más críticos desde que se integró al gabinete de Claudio Poggi. La presión interna crece y en la Casa de Gobierno ya hay quienes comparan su situación con la caída de su antecesor, Juan Manuel Rigau. En medio de denuncias, malestar turístico y un creciente aislamiento, su continuidad comienza a tambalear.
Su ingreso al gabinete fue producto de un acuerdo político dentro de la coalición oficialista. Representa a la Unión Cívica Radical provincial, fuerza de la que también preside el comité ejecutivo. Sin embargo, la falta de resultados en el área que conduce —una de las más sensibles en términos económicos para la provincia— puso en alerta a referentes del entorno cercano al gobernador.
Las críticas a su desempeño se intensificaron en las últimas semanas. El turismo no logra repuntar, y operadores del sector han mostrado una creciente insatisfacción. Sus declaraciones públicas, especialmente cuando afirmó que “necesitamos que la gente tenga mayor poder adquisitivo”, fueron tomadas como un intento de deslindar responsabilidades. Para el empresariado turístico, el problema no es solo nacional: apuntan a una falta de políticas locales claras y a la pasividad del ministro frente a la crisis.
El fuego cruzado proviene incluso desde su propio territorio. En Merlo, la localidad que gobernó hasta diciembre, se acumulan conflictos institucionales. Distintos sectores locales lo señalan por desentenderse de los problemas municipales tras asumir como ministro. Las tensiones internas en la intendencia, donde todavía ejerce influencia, también salpican su imagen.
Uno de los episodios más polémicos tuvo lugar recientemente: la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Merlo lo denunció por presunta apropiación de fondos públicos destinados al reciclado. Durante una visita del gobernador Poggi, trabajadores de la planta protagonizaron un tenso cruce con Álvarez Pinto, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Desde el Gobierno no hubo desmentidas ni respaldo público.
La situación interna se agravó la semana pasada cuando el sector “Identidad Radical” de la UCR, encabezado por el exdiputado Daniel Mariani, exigió su renuncia a la presidencia del partido. Lo acusan de violar el artículo 138 de la Carta Orgánica, que prohíbe a ministros e intendentes integrar el comité ejecutivo. En su caso, reúne ambas condiciones: fue intendente hasta hace meses y hoy es ministro.
“No puede representar al partido y al Ejecutivo al mismo tiempo”, dijo Mariani, quien además remarcó la necesidad de redefinir los roles entre militancia partidaria y gestión pública. Su reclamo no es nuevo: ya había cuestionado la situación en gestiones anteriores, aunque fue ahora cuando encontró eco dentro y fuera del radicalismo.
El aislamiento de Álvarez Pinto es cada vez más notorio. Referentes del sector turístico se reúnen con otras autoridades provinciales sin convocarlo. En los pasillos del poder, nadie quiere sacarse la foto con él. Una fuente confiable reveló que “algunos ya dejaron de defenderlo porque ven que se viene otro desgaste como el de Rigau”.
Aunque aún no hay decisiones oficiales, las señales son evidentes. Malestar empresarial, presión partidaria, internas municipales y denuncias públicas marcan el presente de un ministro que parece tener los días contados en su cargo.
El poder en San Luis tiene memoria. Y los paralelismos con Rigau no son casuales.