Por Hector Acosta 
La Dirección de Cooperativas declaró inválida la asamblea del 7 de junio, restituyó al Consejo destituido y ordenó supervisión estatal con posibles fuerzas de seguridad.
La crisis en la Cooperativa de Agua de Villa de Merlo escaló a niveles inéditos. Este martes, la Dirección de Cooperativas y Mutuales de San Luis dictó una resolución que sacudió el tablero político local: declaró “irregular e ineficaz a los fines administrativos” la polémica asamblea del 7 de junio, donde un grupo de socios —con el respaldo del oficialismo municipal— destituyó al Consejo de Administración y eligió nuevas autoridades.
La decisión del organismo provincial no solo anula lo actuado, sino que ordena restituir al Consejo desplazado, convoca una nueva asamblea para el 26 de julio y dispone la supervisión directa del Estado provincial. Incluso contempla la presencia de fuerzas de seguridad si fuese necesario.
Una jugada política fallida
El Municipio de Merlo había oficializado por decreto la intervención de la Cooperativa, argumentando que lo hacía “por responsabilidad institucional” para garantizar el servicio. Nombró al funcionario Eloy Biassi al frente de una Unidad Operativa de Emergencia y fijó un plazo de intervención de 90 días. Pero toda esa arquitectura institucional ahora tambalea, porque estaba basada justamente en los resultados de una asamblea que quedó anulada por la Provincia.
La intervención municipal, entonces, queda no solo sin sustento legal, sino también en una situación de abierto enfrentamiento institucional con el Gobierno provincial. El conflicto se recalienta y amenaza con tener consecuencias políticas de alto impacto en un año donde la tensión entre intendentes y Provincia ya es evidente.
Irregularidades graves
Según la resolución de la Dirección de Cooperativas, el acto del 7 de junio fue ilegítimo desde su convocatoria. Se detectaron múltiples fallas: no se respetó el padrón de socios, se trató un orden del día distinto al que fue convocado, participaron personas no habilitadas y no hubo conducción estatutaria del evento. En consecuencia, todos los actos —incluida la elección de nuevas autoridades— son nulos para la administración pública.
Supervisión estatal con fuerza pública
La resolución también ordena que la nueva asamblea del 26 de julio se realice bajo supervisión estatal directa. De ser necesario, el Gobierno provincial podrá convocar a las fuerzas de seguridad para garantizar que se respete la legalidad y el normal funcionamiento institucional. Este punto deja claro el nivel de preocupación y la desconfianza hacia la conducción local.
Consecuencias políticas inmediatas
Para el intendente y su equipo, esto representa un duro revés. No solo se anula una jugada estratégica que buscaba alinear a la Cooperativa con el Municipio, sino que se instala la imagen de una gestión que actúa al margen de la legalidad y sin coordinación con la Provincia.
La pregunta que queda flotando en Merlo es: ¿actuó el Municipio por desconocimiento, por negligencia o con intencionalidad política? La crisis institucional ya está planteada y el conflicto amenaza con desbordar el plano administrativo para impactar de lleno en la arena política.