Por Hector Acosta 
En una jornada que tensó el clima del juicio por corrupción contra Cintia Ramírez, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá declaró este miércoles y terminó en el centro de la tormenta: dijo sentir «absoluto orgullo» por la compra del colectivo, justificó los entes desregulados como herramienta de «celeridad», y al ser consultado sobre los montos, soltó un «el monto que fuere» que encendió todas las alarmas. En un momento del interrogatorio, el fiscal de Estado tuvo que pedir la suspensión del testimonio porque el exmandatario «se estaría autoincriminando». Fuera de la sala, los albertistas estallaron en aplausos; dentro, el fiscal Assat lo acorraló con decretos y notas que Rodríguez Saá, por «coquetería» y sin anteojos, se negó a reconocer.
La sala de debates del Poder Judicial se convirtió este miércoles en un ring político-judicial. En el marco del juicio contra la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez, acusada de peculado y fraude a la administración pública por la compra de un colectivo para el club San Luis Fútbol Club (SLFC) y 188 transferencias millonarias, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá llegó como testigo estrella de la defensa y se fue entre aplausos de sus seguidores, pero dejando un tendedero de frases que los fiscales ya empezaron a descolgar.
La causa, que tiene a Ramírez con un pedido de pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua por presuntas «negociaciones incompatibles» y un sobreprecio que, según la Justicia, alcanzó los 175 millones de pesos en la compra de un colectivo Volvo modelo 2018 , vivió su capítulo más tenso cuando el exgobernador decidió declarar.
«Absoluto conocimiento, absoluta responsabilidad, absoluta decisión»
Antes de arrancar, un dato de contexto: los entes desregulados son la joya de la corona de la administración puntana. Rodríguez Saá los definió como «un centro de imputación presupuestaria para que tenga rapidez». En su alegato, comparó la burocracia de hacer una cancha con la urgencia de «una campeona de natación que la acaban de invitar a Colombia». Su conclusión: la figura de Ramírez al frente de la Secretaría y el Ente era «natural».
Pero el momento crítico llegó cuando el abogado defensor, Marcos Juárez, lo consultó sobre el subsidio para el colectivo.
«Absoluto conocimiento y absoluta responsabilidad y absoluta decisión», disparó Rodríguez Saá.
Fue entonces cuando el fiscal adjutor de Fiscalía de Estado, Rafael Berruezo, saltó como un resorte y pidió la suspensión del testimonio: el exgobernador «se estaría autoincriminando». El fiscal del MPF, Francisco Assat, adhirió. Sin embargo, el juez Fernando De Viana permitió que continuara, y lo que siguió fue una clase de política en estado puro.
Rodríguez Saá relató una escena íntima con las jugadoras:
«Les pregunto, ‘chicas, ¿qué necesitan? Las quiero ayudar, esto es extraordinario, estoy tan feliz, hemos cumplido el sueño’. Y habló la capitana, y habló el técnico, y dijeron: ‘el colectivo, porque eso nos da la viabilidad económica’.»
Según su relato, en esa misma reunión convocó a los ministros de Economía y Gobierno, y dio la orden. Punto clave: «La señora, ahí, Cintia, no abrió la boca», aseguró, desligando a la acusada de la gestión directa del pedido.
«Tomé una decisión dentro de la ley, dentro de la tradición de San Luis. De lo cual, no solo que no es un delito, sino que estoy absolutamente orgulloso», sentenció.
El choque con Assat: «Querés tener tu minuto de gloria»
Si la primera parte del interrogatorio fue un monólogo triunfal, la segunda fue un round aparte. El fiscal Francisco Assat comenzó preguntando por el parentesco de Rodríguez Saá con Ramírez (es la pareja de su sobrino, Adolfo Rodríguez Saá hijo). Pero el fuego real vino después.
Assat le mostró una nota firmada por Ramírez solicitando la creación del Ente. La respuesta del exgobernador fue un mix de enojo y evasión: «No sé si existe esa nota. Es una nota suelta que no entiendo».
Visiblemente molesto y trabado en su lenguaje, Rodríguez Saá —que según confesó no llevaba anteojos por «coquetería»— no podía leer los documentos. Cuando Assat le acercó una copia del decreto de creación del Ente, el exmandatario lo ninguneó: «Perdóneme, esto es un borrador. ¿Yo qué tengo que ver con un borrador?».
La tensión subió cuando Assat insistió. Rodríguez Saá lo acusó directamente: «Es evidente que no la puedo contestar. Querés tener vos el minuto de gloria».
En ese instante, afuera de la sala, los seguidores albertistas estallaron en aplausos y bromas contra el fiscal. Adentro, el juez De Viana tuvo que salir al rescate con una acotación académica: si el decreto fue publicado en el Boletín Oficial, «entendemos que no hace falta el reconocimiento». Rodríguez Saá aprovechó el salvavidas y remató: «Civil I, publicación de las leyes», mirando a Assat.
«El monto que fuere» y el error sobre las cuentas aprobadas
Uno de los puntos más débiles de su declaración llegó cuando Assat le preguntó si conocía el monto del subsidio. La respuesta fue tan laxa que encendió las alarmas de los acusadores:
«El monto del subsidio se estableció por la Secretaría General. San Luis Futbol Club tenía que presentar los presupuestos. No había precio por la inflación galopante. Y entonces compraron uno más barato, o un usado, o lo que fuese. Yo no participé. ‘Compren el colectivo de acuerdo a la ley, señor Secretario General, al presupuesto, lo que fuese, bla, bla, bla’. Y así lo hicieron».
Assat repreguntó: ¿el monto? Rodríguez Saá cerró: «El monto que fuere».
La frase quedó flotando. Para la fiscalía, que sostiene que el colectivo tenía un valor real de $114 millones y se pagaron $290 millones , esa «discrecionalidad» es justamente el núcleo del presunto delito.
Otro tropezón llegó cuando el exgobernador aseguró que las cuentas de su gestión habían sido aprobadas por la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. «Las cuentas han sido aprobadas, y también por la Legislatura de la provincia de San Luis, que aprobó las cuentas de mi gestión», afirmó.
Grave error: las cuentas de inversión de su último año de gestión fueron rechazadas, no aprobadas.
«A San Luis FC le dimos mucho menos que a otros clubes»
En el tramo final, Santiago Calderón Salomón, por Fiscalía de Estado, le preguntó si otros clubes habían recibido subsidios similares. Rodríguez Saá mostró ahí su costado más combativo:
«Nunca escuché a un club que viniera a pedir un colectivo. Los clubes piden infraestructura y plata para pagarles a los jugadores. Todos los clubes de San Luis son asociaciones civiles. Todas han recibido beneficios, y mucho mayores que San Luis Fútbol Club. Al club Estudiantes le hicimos todo el estadio nuevo, a Juventud todo el estadio nuevo. A San Luis Futbol Club muchísimo menos. Si (le dábamos) 100 a Estudiantes, 80 como mucho a San Luis Fútbol Club».
Fue el epílogo perfecto para sus seguidores, que volvieron a aplaudir. Inmediatamente después, Rodríguez Saá se retiró sin hablar con la prensa.
El trasfondo: 188 facturas y un colectivo con sobreprecio
Para entender el contexto de este interrogatorio, hay que repasar los números que ya están sobre la mesa. La fiscalía documentó 188 facturas y órdenes de pago del Ente Deportes destinadas a SLFC por más de $166 millones . Los gastos iban desde viandas, traslados y hoteles, hasta sábanas, toallas, proteína en polvo y botellas personalizadas .
En cuanto al colectivo, la compra se realizó el 27 de noviembre de 2023, a días del cambio de mando. La empresa proveedora no era una concesionaria, sino una transportista del conurbano . Una tasación oficial determinó que el vehículo, con más de 800.000 kilómetros y gomas peladas, valía $114 millones, lo que implica un sobreprecio de $175 millones .
El fiscal Assat lo resumió en la primera audiencia: «Vamos a probar que Ramírez utilizó una estructura jerárquica para mostrar un circuito financiero donde el Estado era el único aportante y ella la beneficiaria» . La defensa, en cambio, sostiene que fue una «gestión brillante» y que no hubo dolo .
Lo que viene
Con la declaración de Rodríguez Saá en el bolsillo, el juicio continuará en las próximas jornadas con más testigos. La estrategia de la defensa de Ramírez, liderada por Marcos Juárez, parece clara: poner la firma política del exgobernador por encima de cualquier tecnicismo administrativo. Sin embargo, las palabras de este miércoles —»el monto que fuere», «no sé si existe esa nota», «estoy orgulloso»— ya son parte del expediente.
Afuera, el oficialismo judicial y el político miden fuerzas. Adentro, el Tribunal escucha. Y los $290 millones del colectivo siguen siendo el eje de una causa que, para la fiscalía, huele a corrupción; para el Albertismo, a gestión.