Por Natalia Ciliento 
La salud mental volvió a ocupar el centro de la escena en San Luis, empujada por cifras duras y dolores que ya no se pueden esconder. Pero el debate no llega limpio: arrastra años de promesas a medias, presupuestos flacos y decisiones políticas que nunca terminaron de hacerse cargo del problema. Hoy, sobre esas bases frágiles, una nueva gestión ensaya otro método. La pregunta sigue siendo incómoda: qué se hizo antes y cuánto de eso explica el presente.
La salud mental no aparece en la agenda pública por iluminación política. Aparece cuando algo se rompe. Cuando el daño ya está hecho. Cuando los números dejan de ser estadísticas y se convierten en nombres propios. El reciente aumento de suicidios en la ciudad de La Punta fue el disparador, pero sería una trampa reducir el problema a un episodio aislado. Lo que hoy estalla viene gestándose desde hace años.
En ese escenario, la reacción institucional en La Punta marca una diferencia que merece ser señalada. Municipio, Universidad Nacional de San Luis, Hospital María J. Becker, Concejo Deliberante y organizaciones especializadas sentados en la misma mesa. Diagnóstico compartido. Discusión abierta. Ningún actor jugando en soledad. Puede parecer básico. En San Luis, no lo es.
Durante demasiado tiempo, la política sanitaria se pensó desde arriba hacia abajo. Decisiones cerradas, anuncios rimbombantes, escasa escucha y una ejecución que nunca terminó de sostener lo que se prometía. Por eso, el giro metodológico importa. No porque resuelva el problema, sino porque rompe una lógica que ya demostró su fracaso.
La gestión de Alberto Rodríguez Saá dejó una herencia contradictoria en materia de salud mental. Hubo gestos que, en el papel, parecían ir en la dirección correcta. Proyectos tempranos de desmanicomialización, intentos de correrse del encierro como respuesta automática, relanzamientos institucionales, incorporación de profesionales, y durante la pandemia, la puesta en marcha de un sistema virtual de contención psicológica.
Nada de eso es falso. Pero tampoco es suficiente.
El límite fue siempre el mismo: la política no se animó a respaldar esos discursos con recursos reales. Mientras se hablaba de un modelo comunitario, el presupuesto se achicaba. Mientras se proclamaban derechos, la inversión quedaba lejos de lo que la ley exige. Al final de esa gestión, los números eran imposibles de disimular: poco más del 1% del presupuesto de salud destinado a salud mental, cuando la Ley Nacional N.º 26.657 fija un piso del 10% desde hace más de una década.
No fue un error técnico. Fue una decisión política.
El contraste entre el discurso y la realidad se volvió visible en los lugares donde el Estado debería haber sido más fuerte. Hospitales con carencias básicas, equipos desbordados, pacientes obligados a cubrir con recursos propios lo que el sistema no garantizaba. Los carteles pegados en las paredes del hospital escuela —los mismos que hoy vuelven a circular como imagen de archivo— no fueron una puesta en escena. Fueron una denuncia directa, incómoda, imposible de maquillar.
Durante años, esas advertencias no generaron cambios estructurales. Hubo reuniones, promesas, diagnósticos reiterados. Pero la salud mental siguió siendo un área marginal, sostenida a pulmón por trabajadores y organizaciones, más que por una política pública sólida.
Por eso, cuando hoy se alzan voces que denuncian el incumplimiento presupuestario, el reclamo es justo, pero llega tarde. La diputada provinacial Maria Jose Zanglá, manifesto en una entrevista que el presupuesto actual en salud mental equivale solo al 1% del presupuesto destinado a Salud. La subejecución no empezó ahora. Es una deuda que se arrastra y que tiene responsables claros. Fingir sorpresa también es una forma de desmemoria.
La diferencia con el presente no está —al menos todavía— en los números. Está en el enfoque. La gestión actual trabaja sobre un sistema dañado, heredado, con falencias profundas. Pero introduce una variable que antes brillaba por su ausencia: la decisión de no avanzar en soledad. No hay decretos mágicos ni soluciones instantáneas. Hay mesas de trabajo, actores diversos, diagnósticos cruzados y una idea que parece obvia, pero no lo es: la salud mental no se gestiona desde un solo escritorio.
La experiencia de La Punta es apenas un primer paso. No alcanza. No resuelve. Pero muestra una voluntad distinta. Escuchar antes de ordenar. Coordinar antes de ejecutar. Construir antes de anunciar.
La salud mental no admite más simulacros. No se soluciona con jornadas aisladas ni con discursos bien intencionados. Necesita presupuesto, planificación y continuidad. Y, sobre todo, necesita memoria política. Memoria para asumir que durante años se habló más de lo que se hizo. Memoria para no repetir el ciclo de promesas que nunca llegan al territorio.
San Luis todavía está a tiempo de transformar una deuda histórica en una política pública real. Pero eso solo será creíble si se reconoce que el problema no nació ayer y que las gestiones anteriores —en especial la de Alberto Rodríguez Saá— dejaron más relatos que estructuras.
Porque cuando la política pierde memoria, no falla una gestión. Fallan las personas que quedan a la intemperie. Y ese costo no entra en ningún presupuesto.