Por Natalia Ciliento 
Un grupo de ediles opositores reclama explicaciones sobre la intervención en la planta de reciclado municipal, el retiro de la cooperativa y el uso de fondos nacionales y locales. La falta de documentación oficial agrava el conflicto político y abre interrogantes sobre la transparencia institucional.
La tensión entre el Concejo Deliberante de Villa de Merlo y el Ejecutivo municipal volvió a escalar. Esta vez, por la situación crítica del Centro de Reciclado ubicado en el Parque Industrial local, que pasó de estar gestionado por una cooperativa de recuperadores urbanos a ser administrado directamente por el Municipio, sin explicaciones formales ni documentación respaldatoria.
En respuesta, los concejales Gastón Fonseca (Fuerza Renovadora), Ana Laura Ferrarotti y Virginia Morales (Unión por Merlo), y Daniel Orué (Socialismo Merlino), presentaron un proyecto de decreto con un reclamo contundente: quieren papeles, convenios, balances y resoluciones que expliquen cómo y por qué se tomó una decisión que afecta directamente a trabajadores, al presupuesto local y a la relación con programas nacionales como Argentina Recicla.
¿Qué exigen y por qué?
El proyecto, que ya fue ingresado para ser tratado en comisión, exige que el Departamento Ejecutivo Municipal entregue —en el plazo de siete días hábiles— la siguiente información:
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El convenio firmado con la cooperativa que fue desplazada de la gestión.
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Detalles sobre los fondos recibidos y ejecutados del programa nacional Argentina Recicla.
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El desglose de aportes municipales utilizados para sostener la planta.
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La documentación sobre la propiedad del inmueble, contratos de alquiler y pagos realizados.
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Informes sobre cualquier proceso judicial o administrativo vinculado a la planta.
La solicitud se apoya en la Ordenanza Nº VI-1056-CD-2022, que reconoce como “servicio esencial” la labor de los recuperadores urbanos. Esta norma obliga al Municipio no solo a garantizar el financiamiento de su tarea, sino también a transparentar la información sobre la gestión de residuos. Algo que, según los ediles firmantes, no está ocurriendo.
Una decisión ya tomada… pero sin explicar
Desde el oficialismo municipal, la intervención fue justificada con declaraciones públicas en las que se habló de “pérdidas económicas insostenibles” y “falta de transparencia” por parte de la cooperativa. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado ningún documento formal que respalde esa versión.
Esta ausencia de documentación habilita varias hipótesis. Por un lado, deja en evidencia que el Municipio actuó de hecho, sin convocar al Concejo ni a una instancia técnica de evaluación. Por otro, permite suponer que el Ejecutivo considera cerrado el tema, una decisión ya tomada, sin espacio para retrocesos ni explicaciones.
Esa posición, que podría considerarse una línea dura de gobierno, choca con el rol de contralor del Concejo Deliberante, que posee atribuciones legales para requerir documentación, supervisar actos administrativos y fiscalizar el uso de fondos públicos.
Un reclamo que excede lo ambiental
Desde la oposición aseguran que el tema supera lo estrictamente ambiental. Lo que está en juego es la institucionalidad. “No se puede argumentar falta de transparencia y al mismo tiempo negar el acceso a la información”, sostienen los concejales. Y advierten que no responder al pedido sería, en sí mismo, un acto que obstruye las funciones de control que tiene el Concejo según la Ley Orgánica Municipal.
El trasfondo del conflicto también revela una disputa ideológica: el Ejecutivo optó por desplazar una cooperativa social que formaba parte de un programa nacional —con fuerte impronta de economía popular— para asumir el control directo del reciclado. ¿Es eficiencia administrativa o recentralización del poder?
Los concejales quieren saber si hubo auditorías previas, si existe una planificación técnica, qué pasará con los trabajadores desplazados y si el Municipio tiene previsto continuar con Argentina Recicla o prescindir del programa nacional. En definitiva, piden certezas ante una política que parece haberse ejecutado por vía de hecho.
¿Qué podría responder el Ejecutivo?
Hasta el momento, la única comunicación oficial del Municipio fue un comunicado genérico que alude a pérdidas y mala administración. Pero en caso de responder, el Ejecutivo podría insistir en su prerrogativa de reorganizar servicios públicos si considera que hay falencias o desvíos de recursos.
Otra posibilidad es que intente reencuadrar el conflicto como una medida de orden técnico más que político, apelando a una supuesta urgencia en mejorar la eficiencia de la planta. No obstante, sin documentación ni informes, esa postura quedaría debilitada ante la opinión pública.
El riesgo, para el oficialismo, es que el conflicto escale y termine judicializado o nacionalizado, especialmente si se comprueba que hubo fondos del programa Argentina Recicla que no fueron informados o ejecutados correctamente.
La planta como símbolo
Lo cierto es que el reciclado, lejos de ser una cuestión técnica o ambiental, se ha convertido en un símbolo de la disputa política local. El tratamiento del proyecto en comisión será un momento clave: o el Ejecutivo responde y baja el tono del conflicto, o la falta de respuestas será interpretada como una nueva provocación institucional.
El reciclado ya no es basura: es política en su estado más crudo.