Por Hector Acosta 
La coparticipación federal cayó 7,1% en enero y profundiza el peor ciclo de la década: menos recursos para las provincias, más presión sobre servicios y bolsillos
La caída de los recursos que reciben las provincias por coparticipación federal no se detiene. Por el contrario, arranca 2026 con una inercia negativa que enciende alarmas políticas y económicas. En enero, las transferencias automáticas nacionales registraron una caída real del 7,1% respecto al mismo mes de 2025, según informó la Dirección de Finanzas y Recursos del Gobierno de San Luis, con datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
El número no es aislado ni circunstancial. De hecho, confirma una tendencia que se arrastra desde el año pasado y que configura el peor período anual de la década en términos reales, incluso por debajo de 2020 —el año de la pandemia— y 2024 —marcado por una fuerte recesión—. Es decir, la crisis actual supera en impacto fiscal a momentos que ya habían sido críticos.
Ahora bien, ¿qué está detrás de esta caída? Principalmente, el desplome de la recaudación del IVA, que retrocedió un 11,7% en términos reales. Este dato refleja con claridad la evolución negativa de la actividad económica: si el consumo cae, el IVA se resiente; y si el IVA cae, las provincias reciben menos fondos.
Además, el Impuesto a las Ganancias mostró un comportamiento prácticamente neutral, con una variación real de apenas 0,3%. Sin embargo, al analizar en conjunto IVA y Ganancias, el resultado es contundente: una caída real del 7,4% en enero, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En consecuencia, el motor tributario que alimenta la coparticipación está funcionando a media máquina.
El peor año de la década
Al ajustar los datos por inflación a diciembre de 2025, el diagnóstico es todavía más duro. La coparticipación percibida por San Luis tuvo en 2025 el peor desempeño anual de los últimos diez años. Ni siquiera 2020, con la economía paralizada por el COVID-19, ni 2024, atravesado por una fuerte recesión, alcanzaron el nivel de deterioro actual.
En este contexto, la directora de Finanzas y Recursos de San Luis, Eugenia Sosa Herrena, fue contundente: “Cuando se compara 2025 en relación a un año normal de recaudación, resulta que la caída en términos reales fue de 8,4% para San Luis. Para poner en contexto, un 8,4% de caída representa aproximadamente un mes completo de coparticipación federal percibida”.
Traducido a términos concretos: es como si durante un mes entero la provincia no hubiera recibido fondos nacionales. Y cuando eso ocurre, el impacto no queda en un Excel. Se traslada directamente a la gestión cotidiana.
Del Excel al aula, del gráfico al hospital
La coparticipación no es un concepto abstracto. Es el dinero que financia salarios docentes, insumos hospitalarios, obra pública, seguridad y programas sociales. Por lo tanto, una caída sostenida obliga a las provincias a tomar decisiones difíciles: ajustar gastos, frenar obras, postergar inversiones o incluso endeudarse.
Para el ciudadano común, esto se traduce en servicios más tensionados, menor capacidad de respuesta estatal y, en muchos casos, más presión fiscal local. Porque cuando Nación recauda menos y transfiere menos, las provincias buscan compensar con recursos propios. Y eso suele significar aumento de tasas, impuestos provinciales o reducción de subsidios.
En paralelo, la caída del IVA —directamente vinculada al consumo— evidencia que la economía real sigue debilitada. Menos ventas, menos producción, menos actividad. Es un círculo que se retroalimenta: la recesión reduce la recaudación y la menor recaudación limita la capacidad del Estado para dinamizar la economía.
El trasfondo político: tensión federal
Más allá de los números, el escenario abre un frente político. La relación entre Nación y provincias vuelve a estar bajo tensión cuando los recursos escasean. En un país federal como Argentina, la coparticipación es una herramienta central para garantizar equilibrio territorial. Sin embargo, cuando los fondos caen de forma sostenida, se profundizan las asimetrías.
Además, el hecho de que 2025 haya sido peor que 2020 y 2024 en términos reales no es menor. Marca que el deterioro no fue coyuntural sino estructural. Y eso obliga a preguntarse si el esquema actual de recaudación y distribución está preparado para sostener a las provincias en un contexto de bajo crecimiento.
Por otra parte, la combinación de un IVA en fuerte retroceso y un Impuesto a las Ganancias prácticamente estancado revela que no hay motores claros de recuperación. Sin consumo ni expansión significativa de ingresos, la coparticipación seguirá condicionada.
¿Qué puede pasar en 2026?
Si enero es un anticipo, el año comienza con señales de continuidad en la caída. En consecuencia, las provincias deberán administrar con extrema cautela. Esto implica priorizar gastos esenciales y revisar programas. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado cuando la caída equivale a perder un mes completo de ingresos.
Para los jóvenes de entre 16 y 38 años —que estudian, trabajan o buscan empleo— el impacto es doble. Por un lado, la menor actividad económica reduce oportunidades laborales. Por otro, el ajuste en recursos públicos puede afectar becas, formación, infraestructura educativa y políticas de empleo.
En definitiva, la caída del 7,1% en enero no es un simple dato estadístico. Es la confirmación de un ciclo fiscal adverso que impacta en la política, en la economía y, sobre todo, en la vida cotidiana. Mientras no haya una recuperación clara del consumo y de la recaudación, la coparticipación seguirá siendo una variable crítica.
Y cuando la coparticipación cae, el ajuste no queda en Buenos Aires. Se siente en cada provincia. Y termina, inevitablemente, en el bolsillo del ciudadano común.