Por Hector Acosta 
La causa contra la periodista y exfuncionaria expone una trama de presuntos privilegios, lealtades políticas y una denuncia de persecución que atraviesa a toda la provincia.
Entre 2023 y estos primeros meses del 2026, los portales sanluiseños han seguido de cerca una investigación que, para muchos, es el resumen de los últimos ocho años de una forma de hacer política. Hablamos del caso Gloria Velázquez, una periodista con una larga trayectoria, señalada por presunta corrupción. Las acusaciones no son menores: se la investiga por haber cobrado, durante aproximadamente tres años, salarios de la Nación y de la Provincia al mismo tiempo, algo que nuestra Constitución Provincial prohíbe en su artículo 23. Pero la cosa no termina ahí: además, le habría facturado al canal estatal, San Luis + (el ex Canal 13), sumando así un triple ingreso que rondaba los 3 millones de pesos mensuales.
Ahora, antes de seguir, aclaremos algo fundamental para no confundirnos: esto no es un juicio contra una persona por tener varios trabajos. Eso, en sí mismo, no es delito. Acá el núcleo de la cuestión es otro: la incompatibilidad de cargos públicos y la presunta defraudación al Estado. Es decir, la acusación sostiene que hubo un engaño, un ocultamiento, para cobrar de dos bolsillos del Estado al mismo tiempo, algo que está prohibido.
Para entender este caso, tenemos que meternos en la cocina de la política provincial. Gloria Velázquez no era una periodista más. Las crónicas la describen como «la periodista preferida del exgobernador» Alberto Rodríguez Saá, una «operadora política» y su «mano derecha». Era una persona con un poder evidente, de total confianza del círculo rojo del poder. Su rol como directora de Radio Nacional San Luis, asumido en 2020, es clave. Una nota de aquel momento, de agosto de 2020, cuenta cómo, al llegar a ese cargo, se tomaron decisiones que muchos calificaron como censura. Se levantó un programa llamado «Amanecer Informados«, que según describen, era un espacio «plural» que hacía «preguntas incómodas» al gobierno provincial. En su lugar, Velázquez pasó a tener su propio programa en el horario central, llevando la «editorial del gobierno provincial» a una radio pública y nacional. ¿Qué vemos ahí? La clásica jugada política de poner gente de confianza en lugares estratégicos para alinear discursos. Esa es la primera pata del análisis: el manejo de los medios públicos como herramienta de construcción de poder. La pregunta que surge es: ¿se usó Radio Nacional, que es de todos los argentinos, para beneficio de un proyecto político provincial? Esa es la discusión de fondo.
Luego, cuando el caso Gloria Velázquez explota judicialmente en 2026, la propia Velázquez da una versión que no podemos ignorar. Con lágrimas y visiblemente afectada por un grave problema de salud (un cáncer en etapa terminal), denuncia que todo esto es una «persecución política» y una «venganza» del actual Secretario de Comunicación, Diego Massi. Su abogado fue más allá y habló de una «caza de brujas». Y acá tenemos que ser justos y poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Es posible que haya un ensañamiento? Cuando cambia el gobierno, es común que se investigue al anterior. Pero el límite ético es muy delgado: la investigación judicial no puede convertirse en una herramienta de venganza política. La justicia debe ser ciega, y no puede aplicarse con un rigor brutal para unos y con absoluta liviandad para otros. Ese es el punto que la defensa pone sobre la mesa y que la sociedad debe vigilar.
Ahora bien, dejemos la política de lado por un momento y vayamos a lo frío, a lo que dice la ley y la acusación fiscal. El fiscal Francisco Assad Ali fue muy claro y contundente en la audiencia de formulación de cargos. La imputación es por el delito de fraude a la administración pública. ¿Y qué significa eso en criollo? Significa que, para la justicia, hay evidencia de que Velázquez engañó al Estado para sacarle una ventaja económica ilegal. La maniobra que se describe es la siguiente: mientras se desempeñaba como directora de Radio Nacional, con un salario de casi un millón de pesos en noviembre de 2023 según los registros de ANSES, de forma simultánea tenía un contrato con el Gobierno de San Luis que le pagaba otro sueldo de magnitud similar. La defensa dijo que no era un cargo de funcionaria, pero el fiscal reveló que existe un contrato de locación de servicios que, a los ojos de la ley, la ubica en el escalafón de funcionaria pública, cayendo de lleno en la prohibición constitucional de ocupar cargos en Nación y Provincia a la vez. Y como si fuera poco, paralelamente le facturaba a San Luis Televisión (Canal 13) por su participación en un programa. Ojo, esto no es delito en sí mismo, pero sí es una prueba de que su capacidad de generar ingresos estaba atada al Estado por todos lados, y refuerza la idea de una incompatibilidad de funciones.
El punto clave para el fiscal es el ocultamiento. Él sostiene que, con más de 20 años de trayectoria en el Estado, Velázquez no podía ignorar que esto estaba prohibido. No fue un error, fue una decisión. Y ese presunto engaño es el que produjo un daño patrimonial al Estado, porque cobró sueldos de forma ilegítima durante tres años.
Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual. De toda esta información, esto es lo que tenemos como hecho concreto: Gloria Velázquez ocupó la dirección de Radio Nacional San Luis; durante ese período, también tenía un vínculo contractual con el gobierno provincial y facturaba a Canal 13; y la justicia provincial la ha imputado formalmente por fraude a la administración pública, dictándole inhibición general de bienes y prohibición de salida del país. Esto último es muy importante. Que la justicia haya tomado esas medidas cautelares significa que, para el juez, hay indicios suficientes de que el delito existió y de que existía un riesgo de que Velázquez se fugara o vaciara sus bienes. No es una sentencia, pero es una señal de que la causa tiene, al menos en esta etapa, un piso de verosimilitud.
Ahora, lo que no sabemos y debe determinarse en el juicio: ¿hubo realmente una intención de engañar o fue una superposición de contratos mal gestionada por el propio Estado? ¿Era ella consciente al 100% de la incompatibilidad formal de sus cargos? El fiscal dice que es «inverosímil» que no lo supiera, mientras que la defensa sostiene que no. Y también hay que preguntarse: ¿cuál es el grado de responsabilidad de los funcionarios que firmaron esos contratos? Porque en la incompatibilidad, siempre hay dos partes.
Amigos, Gloria Velázquez no es solo «el caso de una periodista». Es un caso que nos obliga a mirar un sistema. Nos habla de cómo, durante años, se naturalizó la idea de que la lealtad política está por encima de la ley. Nos muestra esa telaraña donde el poder político, los cargos públicos y los medios de comunicación se entremezclan hasta hacer imposible distinguir dónde termina lo público y empieza lo privado. Por un lado, tenemos a una acusada que hoy enfrenta un cuadro de salud gravísimo. Su dolor es humano y nos interpela. Pero por el otro, está la plata de los contribuyentes, nuestra plata, que según la acusación, se fue por un triple carril que no estaba permitido. La justicia no puede ser cruel, pero tampoco puede mirar para otro lado cuando se habla de un posible desvío de fondos públicos.
Más allá de lo que termine decidiendo un juez, esta causa deja una enseñanza: las reglas de juego tienen que ser claras para todos. El Estado no puede ser una caja chica al servicio de ningún proyecto político, ni una fuente de privilegios para los amigos del poder. Y nosotros, como sociedad, tenemos la responsabilidad de prestar atención. Porque cuando los límites se desdibujan, cuando el que denuncia es perseguido y el que es denunciado se siente víctima, el único que pierde es el ciudadano de a pie, el que finalmente paga los platos rotos de un sistema que muchas veces parece hecho para cuidar a los de arriba y olvidarse de los de abajo. Esto recién empieza. La justicia tiene la palabra, pero la discusión sobre qué tipo de provincia queremos es una discusión que nos pertenece a todos.