Por Natalia Ciliento 
El Gobierno provincial otorgó un aumento del 6% y sostiene políticas sociales con fondos propios. Los gremios lo consideran insuficiente, reclaman paritarias y advierten sobre la pauperización salarial. En el fondo, una pregunta incómoda atraviesa todo: ¿es posible gobernar con justicia distributiva en la Argentina de Milei?
En la Argentina de 2025, cada decisión política es también una declaración ideológica. No hay margen para la neutralidad cuando el ajuste cala hondo, la inflación devora salarios y el Estado nacional abandona responsabilidades. San Luis acaba de anunciar un nuevo aumento salarial del 6% para la administración pública, junto con la extensión del incentivo docente y el bono para beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Desde el oficialismo se presenta como un “esfuerzo fiscal responsable”. Desde los gremios, como una “migaja sin diálogo”.
Dos relatos. Una misma crisis.
El Ejecutivo provincial, encabezado por Claudio Poggi, asegura que este nuevo incremento —que lleva la recomposición acumulada al 31% en lo que va del año— fue posible gracias a una gestión austera, ordenada y sin endeudamiento. Aseguran que San Luis sigue pagando salarios en tiempo y forma, sostiene programas de contención que Nación desmanteló (como el FONID y la conectividad docente) y evita el colapso que ya muestran otras provincias.
«Se hace lo que se puede con lo que se tiene», repiten desde el Ministerio de Hacienda. Y comparan: en muchas provincias no hay aumentos, los aguinaldos se pagan en cuotas y los sueldos se congelan. En ese contexto, remarcan que San Luis “no es Suiza, pero tampoco es Formosa o Chubut”.
Pero la otra campana suena fuerte. Y no es solo ruido sindical. Es el hartazgo de miles de estatales que sobreviven con sueldos de $200.000 a $400.000, mientras la línea de pobreza nacional supera el millón. La Mesa Intersindical, que reúne a los principales gremios estatales, no sólo rechazó el 6%, sino que denunció la falta de paritarias, la imposición unilateral y la indiferencia del Gobierno provincial frente a los reclamos.
“No alcanza ni para dos kilos de carne”, ironizan. Y detrás de esa frase se condensa algo más profundo: el descreimiento de que este modelo de aumentos parciales y decisiones sin debate pueda revertir la decadencia salarial crónica del Estado. Porque no se trata solo del porcentaje. Se trata de quién decide, cómo se decide, y si hay voluntad política de discutir en serio una hoja de ruta para sacar a los trabajadores de la pobreza.
El problema no es nuevo. Pero se agrava en esta coyuntura nacional, donde el Gobierno de Javier Milei impulsa una demolición controlada del Estado. Se eliminan fondos federales, se licúan jubilaciones, se dinamitan programas sociales. La motosierra no negocia. En ese clima, San Luis aparece como un actor que intenta sostener la estructura con recursos propios. Pero, ¿alcanza con resistir? ¿O se necesita algo más que aguantar?
Es cierto que la provincia mantiene beneficios locales que otras dejaron caer. También lo es que su superávit fiscal, construido a base de ajuste interno, no se traduce en aumentos que realmente recuperen poder adquisitivo. ¿Dónde está el límite entre la responsabilidad y el abandono? ¿Entre la prudencia fiscal y la mezquindad salarial?
El Ejecutivo se defiende: “No hay caja mágica. Si no cuidamos las cuentas, volvemos al déficit, al endeudamiento y a hipotecar el futuro”. Pero los gremios replican: “Sin salarios dignos no hay educación posible, no hay salud pública eficiente, no hay justicia real”.
Y en el medio, como siempre, está la sociedad. Esa misma que cada vez que recibe su recibo de sueldo —si es estatal— o su boleta de impuestos —si es comerciante o profesional— se pregunta qué significa realmente el Estado hoy. ¿Es contención o control? ¿Es presencia o burocracia? ¿Es escudo o castigo?
La discusión no es nueva, pero sí urgente. Porque el sistema está quebrado. Y porque hay un riesgo creciente de que el malestar derive en desafección total: frente al gremio, frente al Gobierno, frente a todo. La idea de justicia social parece un eslogan viejo en una economía que ya no disimula su brutalidad.
Lo que está en juego no es solo un porcentaje de aumento. Es el modelo de vínculo entre el Estado y quienes lo sostienen con su trabajo. Es la credibilidad de una dirigencia política que promete eficiencia, pero no logra garantizar dignidad. Es el sentido profundo de la palabra “empleado público”, que no debería ser sinónimo de resignación ni de castigo.
San Luis intenta caminar por la delgada línea entre el orden fiscal y la responsabilidad social. Y en un país como este, esa cuerda floja puede cortar más de lo que equilibra.